La ruptura entre los exjefes paramilitares y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz se formalizó tras una serie de desacuerdos sobre la instalación de una mesa de negociación para cerrar el proceso de Ralito. Los excomandantes, en una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, acusaron a la oficina liderada por Otty Patiño de incumplir compromisos y de actuar en abierta insubordinación frente a las órdenes presidenciales, lo que llevó a su renuncia colectiva como gestores de paz.
La renuncia de los 16 exparamilitares se suma a la de otros dos que habían abandonado el cargo en meses anteriores, dejando sin representación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a la figura de gestoría de paz. El presidente Petro designó a estos exjefes a finales de noviembre de 2023, con el objetivo de avanzar en un “proceso de cierre” del acuerdo de Ralito, pero las diferencias con el alto comisionado y su equipo impidieron que la iniciativa prosperara.
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Entre los firmantes de la renuncia destacan Salvatore Mancuso Gómez, Carlos Mario Jiménez Naranjo (alias Macaco), Diego Fernando Murillo Bejarano (alias Don Berna), Rodrigo Tovar Pupo (alias Jorge 40), Rodrigo Pérez Alzate (alias Julián Bolívar), Fredy Rendón Herrera (alias El Alemán), Edwar Cobos Téllez (alias Diego Vecino), y Héctor Germán Buitrago Parada (alias Martín Llanos). La lista completa incluye a Arnubio Triana Mahecha (alias Botalón), Héctor José Buitrago Rodríguez (alias El Patrón), Ramiro Vanoy Murillo (alias Cuco Vanoy), Hernán Giraldo Serna (alias el señor de la Sierra), Luis Eduardo Cifuentes Galindo (alias el Águila), Manuel de Jesús Pirabán (alias Pirata), Juan Francisco Prada Márquez (alias Juancho Prada), y José Baldomero Linares Moreno (alias Guillermo Torres).
La principal causa de la renuncia radica en la negativa de Otty Patiño, su mano derecha María Paz Lara y el jefe negociador con el Clan del Golfo, Álvaro Jiménez, a reabrir un espacio de negociación con las AUC. Los exparamilitares sostienen que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OCCP) no solo incumplió los compromisos adquiridos, sino que además cambió unilateralmente el enfoque de la gestoría, negando la posibilidad de instalar la mesa de cierre de Ralito, a pesar de que el propio presidente Petro lo había anunciado públicamente.
Tras el comunicado de los exparamilitares, el Gobierno nacional por medio de la Consejería Comisionada de Paz confirmó que no revocará las gestorías de paz, argumentando que han jugado un rol clave en la misión de cerrar asuntos pendientes del proceso de paz con las extintas AUC. En particular, frente al incumplimiento de compromisos asumidos por el Estado y la deuda histórica con las víctimas de la violencia paramilitar en la que los gobiernos anteriores fallaron en términos de búsqueda de la verdad, reparación y no repetición.
A propósito, reiteró que los aportes de los gestores de paz serán revisados por el presidente Petro para determinar si continúan con el proyecto que está ligado a la política de Paz Total.
“Reiteramos que la satisfacción de los derechos de las víctimas es fundamental en el desarrollo de estas gestorías de paz. Por ello, no se ha planteado revocar las gestorías actualmente vigentes, cuya prórroga se mantiene hasta el 8 de julio próximo (Resolución 152 de 2025) y, cuya continuidad, con base en los avances en los planes de trabajo, será evaluada en su momento por el Presidente de la República”.
Y agregó: Seguimos comprometidos con facilitar los espacios necesarios para que los gestores materialicen acciones a favor de las víctimas, bajo el hecho de que las AUC no existen como grupo armado, que sus integrantes han transitado a la vida civil y que, por lo tanto no es viable negociar en un proceso de paz, sino aportar a la verdad que aún requiere el país sobre la violencia paramilitar”.
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