
Iris Marín, defensora del Pueblo de Colombia, habló del atentado que sufrió Miguel Uribe Turbay, precandidato y senador del Centro Democrático, ocurrido el sábado 7 de junio de 2025 en la localidad de Fontibón, en Bogotá.
En conversación con W Radio, Marín confirmó que le están brindando ayuda jurídica al menor de 15 años vinculado en el atentado, que fue capturado por las autoridades minutos después de los hechos.
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La defensora del Pueblo también confirmó al citado medio de comunicación que brindarán protección a la familia del menor.
“Las instituciones tenemos un rol fundamental dando ejemplo. La sociedad misma, uno entra a redes sociales y se ven las formas como desarrollamos los debates en el nivel de violencia verbal, indicó Marín a W Radio.

Iris Marín indicó que desde la Defensoría del Pueblo ya le comunicaron al Ministerio del Interior que convoque a la Comisión Nacional de Garantías, hecho que ya fue confirmado por el ministro Armando Benedetti.
“La institucionalidad es la responsable de garantizar la democracia y el proceso electoral, no solo presidenciales, sino al Congreso de la República”, indicó la defensora.
En otro pronunciamiento, Marín rechazó el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que, según ella, amenaza los derechos políticos y la libertad de expresión.
“El país no puede permitir que resurjan épocas oscuras en las que la violencia pretendía silenciar ideas, candidaturas o liderazgos políticos. El respeto a la vida, a la integridad personal y al ejercicio libre de la política son condiciones indispensables para la construcción de una democracia sólida y participativa”, indicó Iris Marín.
La defensora del Pueblo le pidió a la Fiscalía General de la Nación, la Presidencia de la República y la Procuraduría General de la Nación tomar todas las medidas necesarias para garantizar las elecciones en Colombia en 2026.

“Exigimos a las autoridades competentes actuar con celeridad para esclarecer este atentado y garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia”, indicó Iris Marín.
Y puntualizó: “Extremadamente grave y doloroso. Toda nuestra solidaridad con la familia, sus allegados y colegas. La Defensoría está en plena disposición de hacer lo que corresponda para contribuir a dar plenas garantías al Centro Democrático y a todas las candidaturas y partidos políticos”.
La Policía Nacional informó que está a disposición la línea 157 para recibir con absoluta reserva cualquier información relacionada con el atentado del que fue víctima el Senador Miguel Uribe, así como el ofrecimiento de una recompensa de hasta 3 mil millones de pesos para quien posibilite la identificación, ubicación y captura de los responsables.
El último reporte médico de la Fundación Santa Fe, precisó que Miguel Uribe ingresó al centro de salud en estado crítico.
La Fundación señaló que, una vez finalizaron los procedimientos quirúrgicos, tanto en la cabeza como en el muslo izquierdo del congresista colombiano, “se trasladó a cuidados intensivos para su estabilización postoperatoria (...) el estado reviste la máxima gravedad y el pronóstico es reservado”.
Gobierno convocó la Comisión Nacional de Garantías
El ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que el lunes 9 de junio a las 2:00 p. m. se reunirá la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales.
El encuentro fue convocado tras el atentado contra el senador y precandidato presidencial del Centro Democrático Miguel Uribe, ocurrido en la localidad de Fontibón, occidente de Bogotá.

Según Benedetti, la sesión contará con la participación de representantes de partidos y movimientos políticos, así como de entidades estatales. El propósito es revisar las condiciones de seguridad en medio del proceso electoral y evaluar medidas para proteger a los aspirantes a cargos de elección popular.
En su cuenta de X, el ministro señaló que se busca garantizar que candidatas y candidatos puedan desarrollar sus campañas en todo el país con las debidas garantías. La reunión responde al clima de preocupación generado por hechos recientes de violencia política.
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