El presidente Gustavo Petro emitió un mensaje en la red social X en el que asegura que una jueza le dio la razón respecto a presuntas fallas en el procedimiento seguido por el Senado durante la votación de la consulta popular.
En su publicación, el jefe de Estado sostuvo que el fallo judicial confirma sus señalamientos sobre vulneraciones al debido proceso en el trámite legislativo.
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“Me llamó dictador, la dictadura de la oligarquía que con trampas no permite la libre expresión del constituyente primario. Base genuina de la democracia y el poder público”, escribió Petro. En ese mismo mensaje, se refirió directamente al fallo judicial: “Una juez repite en fallo, lo que dije, hubo una violación fragrante al debido proceso parlamentario. Yo he encontrado seis graves violaciones”.
El mandatario también respondió a quienes han dicho que la Presidencia no tiene competencias para convocar una consulta popular sin la autorización del Senado. “No es cierto, es mentira, que si no hay decisión válida del senado 30 días después de presentada la consulta, el presidente no pueda decretarla. Me habilita expresamente la ley”, afirmó.
Más adelante, hizo alusión a un artículo de la Constitución: “Para que la ciudadanía en cualquier parte del país pueda controlar a su presidente, he decidido que entre a operar plenamente el art 86 de la Constitución nacional”.
Y finalizó su pronunciamiento con una afirmación sobre el papel de la Corte Constitucional en este proceso: “Admito la orden expresa de la constitución que hace de la Corte Constitucional, el tribunal de cierre de la consulta popular”.
Las declaraciones del presidente se produjeron poco después de conocerse un fallo judicial que ordena al presidente del Senado responder una apelación presentada por la senadora María José Pizarro. En ella, la congresista cuestionó la forma como se dio por finalizada la votación del proyecto de consulta popular el pasado 14 de mayo, cuando fue archivado por mayoría.
Según el documento del juzgado, la mesa directiva del Senado no resolvió de manera formal dicha apelación, lo que constituiría una irregularidad en el procedimiento legislativo. La juez ordenó al presidente del Senado que tome una decisión sobre esa apelación en un plazo de 48 horas, como parte de la acción de tutela interpuesta por la senadora.
El fallo no ordena repetir la votación, ni invalida el resultado de la sesión, pero sí establece que hubo una omisión frente al recurso presentado. Esto motivó al presidente a reiterar públicamente que, en su criterio, se violó el trámite parlamentario y que esas fallas habilitarían otras vías legales para avanzar con la iniciativa.
En su mensaje, Petro también se refirió a las discusiones jurídicas sobre la facultad presidencial para convocar a una consulta popular. Desde su punto de vista, la falta de respuesta o decisión por parte del Senado en un plazo de 30 días habilita al Ejecutivo para actuar, y citó respaldo legal para esa interpretación.
En respuesta, voceros del Congreso han señalado que la votación fue cerrada conforme a las reglas internas y que la apelación no era procedente. No obstante, el juzgado observó que no existe constancia documental de que esa apelación haya sido resuelta, por lo que dispuso que se responda oficialmente.
La propuesta de consulta popular surgió luego de que no prosperara la reforma laboral del Gobierno. Ante la imposibilidad de aprobar el proyecto por vía legislativa, el Ejecutivo planteó que los ciudadanos se pronuncien directamente sobre el tema.
La iniciativa fue presentada en el Congreso y sometida a votación en el Senado, donde fue rechazada por una mayoría de 49 votos frente a 47 favorables. Tras ese resultado, el Gobierno cuestionó la forma como se desarrolló la sesión y anunció acciones legales.
Desde entonces, el debate se ha centrado en los mecanismos que podrían permitir que la consulta siga su curso, pese al archivo del proyecto.
Mientras algunos sectores insisten en que se respetó el procedimiento, el Ejecutivo ha planteado que hubo anomalías que deben ser corregidas.
Con este pronunciamiento, el presidente Petro vuelve a colocar en el centro del debate público su interpretación del alcance constitucional de las herramientas de participación ciudadana, y anticipa que continuará impulsando el proyecto con base en lo que considera son autorizaciones legales y constitucionales.
La atención se concentra ahora en el cumplimiento del fallo y las decisiones que tomen tanto el Senado como las altas cortes.
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