“Petro me quiere encarcelar y silenciar”: Gobernador de Antioquia denuncia persecución política

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, denunció públicamente que enfrenta un proceso judicial impulsado con una premura inusual por la Fiscalía y que, a su juicio, busca apartarlo del cargo y silenciar su papel de oposición al Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Por medio de una entrevista con Semana, el funcionario regional lanzó duras acusaciones, y alertó sobre lo que considera una persecución política en su contra, especialmente encabezada por el presidente Gustavo Petro.

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Rendón aseguró que la Fiscalía ha reactivado con intensidad una investigación relacionada con la construcción de dos Centros de Atención Inmediata (CAI) durante su paso por la Alcaldía de Rionegro, entre 2016 y 2019.

“Me llama la atención la celeridad”, afirmó. El expediente señala presuntos delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, dijo en su testimonio.

Por eso, afirmó que “no me cabe la menor duda de que ese es el propósito de Petro y sus aliados”, en sugerencia de un trasfondo que sería plenamente político.

“¿Sabe qué pasaría si me roban la libertad? Petro nombraría al gobernador de Antioquia, lo encargaría por el tiempo que le dé la gana y usurparía un mandato legítimo, que me fue otorgado por casi un millón de antioqueños”, agregó.

La información que él comentó y que el medio obtuvo, solo en el último mes, la Fiscalía adelantó 27 actividades procesales en su contra, una cifra que el gobernador calificó de excesiva en comparación con la falta de avances de otros casos que pueden tener mayor peso.

Entonces insistió que tal “celeridad de la Fiscalía respecto a mi caso y la lentitud en los procesos con los colaboradores más cercanos de Petro es bastante sospechosa”, indicó.

El mandatario antioqueño también criticó duramente el impacto del Gobierno Petro en el departamento. Aseguró que el crecimiento de las disidencias de las Farc y del Clan del Golfo ha complicado la seguridad regional, y consideró que desde la Presidencia se ejerce un trato hostil hacia Antioquia.

“Ha sido muy difícil sortear eso. Aquí hemos sentido el látigo de un Gobierno despótico, de un Gobierno que no quiere a Antioquia”.

En cuanto a los CAI, reafirmó que su construcción fue una medida efectiva para reducir el crimen en zonas críticas.

“Ahí están los CAI, se los entregamos a la Policía. Cuatro Esquinas era el barrio más peligroso de Rionegro […] y en San Antonio asesinaron a un cura. Era necesaria una estación de Policía”, explicó. También señaló que no se perdió ningún recurso y que todo se ejecutó conforme a la ley.

Pero sí se fue de frente contra la fiscal general Luz Adriana Camargo, que también ha resultado polémica desde finales de mayo del 2025, por señalamientos de corrupción en Guatemala.

Rendón fue tajante: “Petro la nominó. Es diciente la forma en que la Fiscalía ha encarado el proceso mío”, persistió. Por eso, pidió que la funcionaria no ceda a presiones políticas: “No hay que hacerles el juego a pretensiones de arrinconar a la oposición”.

El gobernador, elegido con amplio respaldo electoral, concluyó con una promesa de cumplir a cabalidad con el mandato recibido: “Estoy firme con el mandato que ellos me otorgaron; lo tenemos que cuidar y evitar que nos lo roben. Ellos me pidieron ser la contención de Petro en Antioquia y eso es algo que honraré a pie juntillas, me cueste lo que me cueste. No me van a callar”.

Andrés Julián Rendón también expresó su preocupación por la decisión del presidente Gustavo Petro de avanzar con una consulta popular mediante un decreto presidencial, luego de que el Senado rechazara la propuesta inicial.

Rendón criticó la decisión del Ejecutivo, con especial atención a que esta acción podría tener implicaciones institucionales significativas. En su declaración, el gobernador afirmó que es “muy grave que el presidente desconozca el orden institucional y una institución con legitimidad como el Congreso de la República, elegido por más de 22 millones de colombianos”.

El origen de esta controversia radica en el rechazo del Congreso a la reforma laboral propuesta por el Gobierno nacional. Tras el archivo del proyecto, el Ejecutivo denunció presuntas irregularidades en el trámite legislativo y decidió buscar una alternativa para revivir la iniciativa.