Los delitos por los que podrían ser juzgados los ministros si apoyan el decreto para la consulta popular

En uno de los temas más movidos de la agenda nacional en estos momentos, el presidente Gustavo Petro informó que un juez ordenó resolver la apelación de la senadora María José Pizarro por la votación que hundió la consulta popular en el Congreso de la República.

Sin embargo, el mandatario malinterpretó el fallo y aseguró que con este, el congreso estaba siendo obligado a repetir la votación mencionada, lo que horas más tarde fue aclarado por múltiples juristas.

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“El juez determinó que hubo fraude en el senado y ordena repetir la votación en las próximas 48 horas. De aquí les envío un mensaje a los senadores y senadores, independientemente de sus partidos: tienen que tomar esa decisión con tranquilidad y su corazón puesto en el pueblo colombiano. Nadie puede impedir que un parlamentario pueda ejercer con libertad su derecho a votar“, fueron las palabras del presidente.

Además, Gustavo Petro pidió a su gabinete firmar el documento con el que busca lanzar la consulta popular vía decreto, a pesar de que en más de una ocasión se ha indicado que esto sería inconstitucional.

Mientras que se ha generado el rumor de que el presidente ha pedido que sus ministros vayan a la Casa de Nariño para firmar el decreto, el periodista Federico Gómez aseguró que varios de ellos estarían hablando con penalistas para saber qué problemas legales tendrían si firman el decreto.

Con el correr del día, el presidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta de X, en la que indicó que "Ministro que no firme el decreto presidencial de inmediato se va. El poder presidencial es poder del pueblo“.

En diálogo con Infobae Colombia, el abogado Iván Cancino analizó la situación que se registra en el país e indicó que el presidente está desconociendo la votación que se registró el 14 de mayo.

“La consulta popular solo puede ser decretada por el Presidente de la República con la firma de todos los ministros en los casos que establece la misma normatividad y eso es cuando el congreso no le ha dado trámite. Acá hay que tener claridad, el congreso sí le dio trámite, se votó y quedó formalmente en firme”.

Cancino explicó nuevamente que la decisión del juez es referente a la apelación de la congresista María José Pizarro, no de la votación.

“Hay una decisión que dice que hay que someter la apelación de la congresista Pizarro, el presidente del congreso ya explicó que se le dio trámite y se negó, eso es un hecho cumplido, acá no hay un tema de interpretación, no es un tema de tener abogados, porque la norma no amerita interpretación”.

El abogado aseguró que en estos momentos no hay posibilidad de que el presidente Gustavo Petro pueda convocar vía decreto la consulta popular sin incurrir en algo indebido.

“No hay la más mínima posibilidad de que el presidente pueda tramitar la consulta por decreto, si los ministros la firman, ya fueron advertidos en varias ocasiones por otras personas, estarán rayando el Código Penal y la ley disciplinaria”, indicó el jurista.

Al explicar un hipotético escenario, habló de prevaricato y fraude procesal, como los delitos que podrían cometer los ministros si firman el decreto.

“Si el registrador le da valides y no se rehúsa a convocarla por excepción de inconstitucionalidad, el registrador también cometerá un posible delito y una falta disciplinaria. Aquí las instituciones se deben respetar, no es un tema de interpretación o análisis, es un tema claro. Si el Consejo de Estado dice que el congreso no cumplió con los trámites de votación, no de apelación, deberán volver a votar, pero tampoco legitima la consulta popular por decreto”, puntualizó.