Exembajador Daniel Garcés tenía respaldo legal previo a la denuncia de su expareja por presunta retención ilegal de sus hijos

Aunque el caso del exembajador de Colombia en Ghana Daniel Garcés Carabalí ha sido presentado en la opinión pública como una controversia reciente por presunta retención ilegal de menores, lo cierto es que desde enero de 2025 existía una medida de protección a su favor, emitida por la Comisaría 11 de Familia de Suba. Esta resolución, que ordena acompañamiento policial y restringe a la madre de los menores, Beatriz Josefa Niño Endara, fue tomada antes de que se conocieran públicamente las denuncias de la mujer.

El documento, fechado el 21 de enero de 2025, establece medidas provisionales de protección tanto para Garcés como para sus dos hijos de 13 y 11 años, luego de que el entonces embajador denunciara supuestos actos de maltrato por parte de su expareja. En consecuencia, la justicia calificó el riesgo como “medio” y ordenó apoyo de la Policía Nacional para garantizar la seguridad del padre y los menores.

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El abogado Miguel Ángel del Río se pronunció a través de su cuenta de X afirmando: “Lo que están haciendo con el exembajador Daniel Garcés es infame. Un comisario de familia le otorgó la medida de protección de sus hijos por los graves maltratos de su madre hacia ellos. Así mismo se ha denunciado a un familiar de la señora por graves conductas hacia los menores”.

La resolución, revelada en exclusiva por Infobae, impone múltiples restricciones a la señora Niño Endara, entre ellas la prohibición de cometer cualquier forma de violencia —física, psicológica, verbal o económica— contra los menores y su padre. Además, le impide establecer contacto con ellos por cualquier medio, acercarse a sus lugares de residencia o estudio, acosarlos presencial o virtualmente y exponer a los menores a conflictos de adultos.

El fallo también dispuso apoyo policial permanente en la vivienda donde residen Garcés y sus hijos, así como una audiencia para el 3 de febrero de 2025 en la que ambas partes debían presentar pruebas. Como parte del proceso, se programó una verificación de derechos y entrevistas a los menores para esclarecer los hechos.

Este fallo antecede a las denuncias públicas que surgieron semanas después, cuando Beatriz Josefa Niño acusó a Garcés de haber retenido ilegalmente a los niños en Ghana tras un viaje familiar. Según su versión, los menores viajaron el 11 de diciembre de 2024 con su autorización para pasar las festividades con su padre, pero no regresaron en la fecha acordada: el 21 de enero de 2025.

No obstante, para ese mismo 21 de enero ya estaba en firme la resolución de la Comisaría 11, lo cual podría indicar que la permanencia de los menores con su padre estaba amparada legalmente. Garcés ha sostenido que actuó conforme a esa medida provisional, y ha negado en todo momento que haya cometido alguna forma de retención ilegal.

“Actué en el marco de una orden legal que buscaba proteger la integridad física y emocional de mis hijos”, declaró el exembajador en un comunicado. También anunció que emprenderá acciones legales contra su expareja por presunta difamación.

A raíz de las denuncias públicas, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria en su contra, y la Cancillería solicitó su renuncia, la cual se oficializó a comienzos de marzo de 2025.

El exfuncionario, además, negó haber cometido retención ilegal y anunció acciones legales contra su expareja por presunta difamación. En su carta de renuncia al cargo diplomático, Garcés expresó que era “la verdadera víctima de esta situación” y reiteró su disposición para colaborar con las autoridades colombianas.

A pesar de la polémica, Daniel Garcés fue designado como director técnico de asuntos étnicos en la Agencia Nacional de Tierras (ANT), según consta en su hoja de vida publicada el 19 de mayo de 2025 en el portal de empleos públicos del Estado.

Garcés es abogado y administrador de empresas, con doctorado en Ciencias Jurídicas y Políticas, y una maestría en Derechos Humanos e Interculturalidad. Su experiencia incluye cargos en la Defensoría del Pueblo, la Unidad para las Víctimas, el Ministerio del Interior y WWF Colombia.