La senadora María José Pizarro volvió a pronunciarse en medio del debate que se mantiene en el Congreso sobre la consulta popular impulsada por el Gobierno Nacional.
En un mensaje publicado en su cuenta de X, la congresista criticó a la mesa directiva del Senado y rechazó las versiones que aseguran que su apelación fue votada, señalando que lo que realmente ocurrió fue la negación de su recurso frente a una decisión del presidente de la corporación, Efraín Cepeda.
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“Para la mesa directiva que sigue errando y los congresistas que buscan desinformar: esto fue lo que se votó el 20 de mayo”, escribió inicialmente Pizarro. Luego agregó: “Efraín Cepeda, usted no ha tramitado mi apelación, es completamente FALSO. Esto no es así”.
En su publicación, la legisladora explicó que su recurso buscaba controvertir la decisión de Cepeda de no darle trámite a una proposición presentada por la senadora Isabel Zuleta durante la sesión en la que se discutía la convocatoria a la consulta popular. “Lo que se negó fue mi apelación a la decisión de Efraín Cepeda de no discutir una proposición de la senadora Isabel Zuleta”, afirmó.
De acuerdo con Pizarro, su posición se sustentó en las normas internas del Congreso, al considerar que toda apelación debe ser discutida en el pleno. “Demostré que la Mesa Directiva debe cumplir el reglamento y tramitar las apelaciones, cosa que no ocurrió en la sesión en que se negó ilegalmente la Consulta Popular”, indicó.
Este nuevo pronunciamiento se da mientras varios sectores políticos y constitucionalistas continúan debatiendo sobre la legalidad del trámite que buscaba convocar al pueblo colombiano a las urnas para pronunciarse sobre varios ejes de las reformas sociales que promueve el Ejecutivo.
Tras el archivo del proyecto en el Senado, el Gobierno ha sostenido que la decisión no fue válida debido a presuntas irregularidades en el proceso legislativo. En ese contexto, desde el Ejecutivo se planteó la posibilidad de continuar con la convocatoria mediante decreto presidencial, sustentado en las facultades previstas en la Ley 134 de 1994.
El senador Iván Cepeda anunció esta semana que presentó comunicaciones ante instancias internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de Estados Americanos (OEA), donde advirtió sobre una posible ruptura del orden constitucional por las actuaciones en el Congreso que, a su juicio, desconocieron derechos de participación.
En ese mismo sentido, la senadora Pizarro ha insistido en que se vulneró el procedimiento parlamentario al no permitir la discusión de una proposición que, de haber sido aceptada, habría podido modificar el curso del trámite de la consulta.
La sesión del 20 de mayo se ha convertido en el eje de la controversia. En esa jornada, la propuesta del Gobierno fue sometida a votación y no alcanzó el respaldo necesario para ser aprobada. La decisión fue interpretada como un rechazo definitivo, lo que llevó al cierre del proceso legislativo. Sin embargo, desde sectores del Pacto Histórico se alega que el trámite estuvo viciado.
La apelación presentada por Pizarro buscaba reversar la decisión de la mesa directiva de no dar paso al debate de la proposición de Zuleta, quien solicitaba reabrir el debate antes de la votación. Según los registros del Senado, la apelación fue puesta en consideración del pleno, pero según la senadora Pizarro, esta fue negada sin que se garantizara el procedimiento adecuado.
La controversia ha generado una cadena de reacciones. Mientras algunos congresistas defienden que la consulta fue archivada de manera legítima, otros, como Pizarro, mantienen que el proceso debe ser revisado.
La congresista ha sostenido que el procedimiento debió contemplar todas las etapas reglamentarias, incluyendo el análisis y discusión de las apelaciones. La senadora sostiene que el incumplimiento de esos pasos habría derivado en una votación sin las garantías necesarias.
Aunque no se ha confirmado aún si la Presidencia expedirá el decreto de convocatoria, desde el Ejecutivo se ha insistido en que existe sustento legal para hacerlo. Mientras tanto, los sectores que apoyan la consulta argumentan que es necesario habilitar mecanismos de participación para que la ciudadanía pueda pronunciarse directamente sobre los temas sociales en discusión.
La publicación de la senadora María José Pizarro ocurre en ese escenario de tensión institucional. Su mensaje en redes ha sido interpretado como un intento de corregir lo que considera una narrativa equivocada sobre lo sucedido en la sesión del 20 de mayo, y de insistir en la necesidad de respeto por los procedimientos internos del Congreso.
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