El pedido del alcalde de Cúcuta a Eduardo Montealegre: “No permita que trasladen a 100 reclusos a nuestra ciudad”

La designación de Luis Eduardo Montealegre como nuevo ministro de Justicia en Colombia aún no se ha oficializado con la firma ante el presidente Gustavo Petro, y ya todo parece indicar tiene varias misiones, entre ellas, revisar la solicitud que le hizo el alcalde de Cúcuta Jorge Acevedo.

Todo se dio a raíz de una publicación que compartió el mandatario de la capital de Norte de Santander en la previa del partido entre Colombia y Perú válido por las eliminatorias suramericanas para la Copa Mundial de Fútbol de 2026, el viernes 6 de junio de 2025.

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Todo se dio a raíz de un anuncio que le hicieron saber al alcalde de Cúcuta, y esto llevó a que Acevedo publicara una historia a través de su cuenta en Instagram, en la que se dirigió a Montealegre, que confirmó el mismo jueves 5 de junio que asumirá como jefe de la cartera de Justicia.

En el video se mencionó el panorama complejo que enfrenta Cúcuta en materia de hacinamiento por cuenta de la elevada cantidad de privados de la libertad, y por tal motivo el gobernante le pidió: “Ayúdenos a los cucuteños con esto”.

Al final de la publicación el alcalde etiquetó la cuenta de Instagram del Ministerio de Justicia, con miras a recibir una respuesta en los próximos días.

“Este es un mensaje para el nuevo ministro de justicia de Colombia, el doctor Eduardo Montealegre. Doctor, soy Jorge Acevedo, alcalde de Cúcuta. Tengo una problemática social muy fuerte”, así inicia la grabación el mandatario, que como más de un ciudadano ese día, lució la camiseta de la selección Colombia.

Referente a su petición, al alcalde de Cúcuta señaló que tiene “una problemática de seguridad histórica en la ciudad”.

Frente a esto, Acevedo dijo que “con la Policía Nacional estamos combatiendo la inseguridad”, pero dichos resultados se han visto afectados porque “todos los días tenemos contraventores de la ley nuevos en las estaciones de policía”, agregó.

“Tenemos un hacinamiento de más del 260%“, detalló el gobernante, mientras que ”el hacinamiento en el complejo penitenciario de más del 73%“.

Siguiendo con el mensaje, Jorge Acevedo le comentó a Eduardo Montealegre que “Recibimos una noticia de que nos van a mandar 100 contraventores de la ley a la ciudad de Cúcuta”.

Dicha situación ha generado que el alcalde de Cúcuta expresara los argumentos previos antes de su solicitud formal al que será el nuevo ministro de Justicia del Gobierno de Gustavo Petro.

“Por favor, en nombre de todos los cucuteños, no permita esto. Más bien, ayúdenos a desocupar las estaciones de policía que nos están ocupando policías, cuidando bandidos cuando nos podrían estar brindando seguridad",

Eduardo Montealegre, designado para liderar el Ministerio de Justicia en el gobierno de Gustavo Petro, defendió la convocatoria por decreto de una consulta popular prevista para el 7 de agosto de 2025.

Según Montealegre, la iniciativa presidencial busca sortear el rechazo del Congreso a las reformas propuestas por el Gobierno y encuentra sustento legal en la “excepción de inconstitucionalidad”.

El exfiscal general argumentó, en diálogo con la revista Semana, que la votación del 14 de mayo en el Congreso presentó irregularidades, ya que se cerró abruptamente a los tres minutos, pese a que el reglamento establece hasta 30 minutos de duración.

Esta situación violó principios como la razonabilidad y el debido proceso, lo que a su juicio justifica la intervención excepcional del presidente, remarcó el exfiscal.

Montealegre explicó que la “excepción de inconstitucionalidad” permite a las autoridades, incluido el presidente, a dejar de aplicar actos que contravengan la Constitución.

En sus palabras, “el acto del Congreso fue administrativo y violó la carta magna, por lo que el presidente tiene la obligación de proteger el orden constitucional”.

El proceso incluye declarar ineficaz la decisión del Congreso, remitir el decreto para control a la Corte Constitucional y ordenar a la Registraduría Nacional organizar la consulta, garantizando los derechos de quienes deseen participar o abstenerse.

El Gobierno espera que la fecha elegida, coincidente con la Batalla de Boyacá, de relevancia simbólica a la consulta.

De otro lado, el anuncio ha recibido críticas desde la oposición, cuyos representantes acusan al Ejecutivo de pretender imponer su programa mediante decretos y de amenazar el equilibrio entre poderes.

Montealegre rebatió estas afirmaciones al considerar que “es un disparate llamar golpe de Estado al decreto”, y sostuvo que la competencia para analizar la legalidad recae en la Corte Constitucional y no en el Consejo de Estado.

El costo estimado para la consulta es de 800.000 millones de pesos colombianos. Montealegre reconoció el alto gasto, pero precisó que el modelo constitucional impide el control previo y requiere realizar la votación antes de eventuales revisiones legales.

El nuevo ministro también expresó que si el Congreso llegara a aprobar los principales puntos de las reformas sociales y laborales propuestas por el gobierno, podría reconsiderarse la realización de la consulta.

Por último, Montealegre aclaró que su designación como ministro no responde a antagonismos políticos personales y reafirmó su compromiso con la reforma judicial y la lucha contra el crimen organizado y la corrupción, manteniéndose al margen de las disputas internas y escándalos que han rodeado al Ejecutivo en los últimos meses.