Eduardo Montealegre, recién nombrado ministro de Justicia del gobierno de Gustavo Petro en Colombia, justificó la decisión presidencial de avanzar con una consulta popular por decreto para sortear el rechazo del Congreso a la propuesta.
La consulta busca legitimar reformas claves del Gobierno y se convocará para el 7 de agosto de 2025, una fecha cargada de simbolismo al coincidir con el aniversario de la Batalla de Boyacá, según explicó Montealegre en una entrevista publicada por Semana.
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De acuerdo con el exfiscal general, la controversia reside en que el Congreso, en su votación del 14 de mayo, habría cometido una serie de irregularidades que violaron el principio constitucional de razonabilidad y el debido proceso.
“Cuando se abre una votación en el Congreso”, explicó Montealegre, “esta debe durar hasta 30 minutos según el reglamento. En este caso, la votación fue cerrada abruptamente tras apenas tres minutos, a pesar de las advertencias de varios senadores y del ministro del Interior, Armando Benedetti, para que no se procediera de esa manera”. En su opinión, estas acciones invalidan el acto legislativo, lo que habilitaría al presidente para actuar mediante mecanismos excepcionales.
El fundamento central del decreto que será emitido por Gustavo Petro es la “excepción de inconstitucionalidad”, una herramienta permitida por la Constitución que permite inaplicar actos de menor jerarquía cuando están en contradicción con la carta magna.
Según Montealegre, esta figura jurídica no solo puede ser utilizada por jueces, también por el presidente en su calidad de autoridad administrativa. “El acto del Congreso fue administrativo y violó la Constitución. Por ende, el presidente tiene la obligación de hacer prevalecer la carta magna”, afirmó en el medio mencionado.
En la entrevista, Montealegre también detalló los pasos previstos en el decreto. Primero, se declarará la inaplicabilidad de la decisión del Congreso.
Luego, el mandatario enviará el decreto a la Corte Constitucional para su control. Simultáneamente, se ordenará a la Registraduría Nacional preparar la logística para la consulta, estableciendo garantías para quienes deseen participar o abstenerse. Finalmente, se fijará la fecha para la votación.
El anuncio no está exento de críticas desde diversos sectores. La oposición acusa al Gobierno de Petro de tratar de imponer su agenda mediante lo que denominan un “decretazo”. Se teme que el decreto erosione el equilibrio entre las ramas del poder público y se convierta en lo que algunos han calificado como un eventual golpe al Estado de derecho.
No obstante, para Montealegre, estas afirmaciones son infundadas: “Decir que este decreto es un golpe de Estado es un disparate. El presidente tiene una competencia constitucional para hacer prevalecer la Constitución frente a actos que la contradicen”, argumentó al medio mencionado.
El conflicto jurídico también se perfila como un potencial “choque de trenes” entre el Consejo de Estado y la Corte Constitucional. Según Montealegre, al tratarse de un proceso constitucional y no meramente administrativo, es la Corte la institución competente para revisar el decreto.
“El Consejo de Estado no tiene jurisdicción sobre mecanismos de participación ciudadana como la consulta popular. Los precedentes son claros en este sentido”, señaló al recordar casos similares como el referéndum de reelección de Álvaro Uribe y la consulta anticorrupción de 2018.
En cuanto al costo del proceso, estimado en 800.000 millones de pesos colombianos, Montealegre admitió que la consulta consumirá importantes recursos públicos.
Sin embargo, destacó que es el modelo constitucional actual el que dicta que el control de legalidad por parte de la Corte solo puede darse después de la votación y no antes. “La Corte Constitucional ha rechazado en dos ocasiones el control previo para consultas populares. Es un desgaste que debe asumirse”, añadió.
El decreto y su implementación representan una apuesta estratégica para el gobierno de Petro, quien, a través de esta consulta, planea avanzar con reformas estructurales en temas como el sistema laboral, la política de paz y la estructura administrativa.
Montealegre sugiere que solo si las reformas sociales y políticas clave buscadas por el ejecutivo encuentran apoyo suficiente en el Congreso, podría reconsiderarse el uso de la consulta. Según el funcionario, “si la reforma laboral recoge los elementos esenciales de la agenda presidencial, no tendría sentido mantener la consulta”, afirmó a Semana.
La polémica en torno al decreto se suma a un panorama ya álgido con múltiples escándalos dentro del gobierno, como denuncias de corrupción y conflictos entre altos funcionarios cercanos al presidente.
Montealegre, sin embargo, se distanció de estos episodios y subrayó su compromiso de trabajar en reformas profundas en el sistema judicial. “Parte de mi gestión será implementar una política de lucha contra el crimen organizado y la corrupción, rediseñando instituciones como la Fiscalía para que sean efectivas”, apuntó.
Sobre el contexto político que rodea su designación como ministro, Montealegre dejó claro que su llegada al cargo fue circunstancial.
Según relató a Semana, el presidente Petro quedó convencido de sus argumentos legales tras un debate con otros juristas en el que se discutió el esquema del decreto.
Pese a las percepciones de que su llegada al ministerio responde a animadversión previa hacia figuras como el expresidente Álvaro Uribe, Montealegre rechazó las acusaciones de parcialidad política y enfatizó en su trayectoria como defensor de posiciones institucionales.
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