Abogado de Carlos Ramón González habló del paradero de su defendido y confirmó que ha cumplido con todas las citaciones

En medio de las versiones sobre una supuesta salida del país, Iván Cancino, abogado del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González, salió al paso de las afirmaciones hechas por la Fiscalía sobre una posible fuga.

Según el ente acusador, González podría estar en Managua, Nicaragua, y habría abandonado el país para eludir la justicia en el caso de corrupción que envuelve a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

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El ente acusador habría dado esta discusión luego de que, durante la más reciente audiencia, un fiscal aseguró que un usuario anónimo se conectó virtualmente desde una dirección IP ubicada en Managua, justo en el tiempo en que se llevaba a cabo la diligencia.

“Conectado desde un teléfono celular con la IP 18677198176, ubicada en la ciudad de Managua, Nicaragua, país fronterizo con Costa Rica, último lugar de destino del imputado, según informó Migración Colombia”, expuso el delegado.

A partir de en esa conexión remota, la Fiscalía pidió una medida de aseguramiento, bajo el argumento de riesgo de no comparecencia.

Sin embargo, Cancino desestimó completamente ese señalamiento. En entrevista con Blu Radio, afirmó que se trata de una hipótesis sin fundamento.

“La Fiscalía ideó una tesis creativa para hacerle creer al juez que hay un riesgo de no comparecencia o falta de presencia por parte de González ante el tribunal”, expresó.

El abogado fue más allá y explicó que su cliente no ha eludido a la justicia y que permanece en Colombia.

“La presencia de Carlos Ramón González ha sido absolutamente clara. Él ha estado conmigo en sus citaciones y tiene dirección en Colombia. Sus hijos, esposa y empresas están en Colombia. Nosotros no tenemos la culpa de que el honorable tribunal de Bogotá haya citado a la audiencia virtual. Argumentar que González tiene que estar en una cárcel y que no ha comparecido es absolutamente falso y equivocado”, dijo Cancino con contundencia.

Frente a la posibilidad de que las próximas audiencias se realicen de manera presencial, el abogado manifestó que aún no hay razón para asumir escenarios no definidos.

“No puede hablar sobre situaciones que no se han presentado. El trabajo es absolutamente claro en decirle al representante de la víctima que la audiencia empezó virtual y debe terminar así”, explicó.

En cuanto al argumento de la Fiscalía sobre una presunta intención de abandonar el país, Cancino también rechazó esa hipótesis.

“La Fiscalía habla de una búsqueda de salida del país, que solo la hizo hasta marzo; es decir, ellos no pueden argumentar que hoy no está sobre una búsqueda que hicieron en marzo. Tampoco pueden decir que no va a comparecer porque una IP dice que está en Nicaragua. Para que a una persona la detengan, tiene que haber riesgo de no comparecencia y ese término significa no acudir a las citaciones de la Justicia. No ha habido una sola citación de la Justicia en donde Carlos Ramón no haya estado”, señaló.

Mientras tanto, el proceso judicial continúa. El Tribunal debía resolver este viernes la solicitud de medida de aseguramiento contra González, pero decidió aplazar su decisión. La nueva fecha quedó para el 17 de junio a las 9:00 a. m.

González enfrenta imputaciones por los delitos de cohecho, peculado por apropiación y lavado de activos, cargos que ya negó ante la justicia.

La investigación dio un giro, tras la desaparición de videos de seguridad que podrían haber registrado reuniones clave entre Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Sandra Ortiz y Olmedo López.

Según informó Noticias RCN, la Fiscalía ha señalado que las cámaras de vigilancia del Palacio de Nariño presentan vacíos inexplicables en los registros correspondientes a las fechas de los encuentros.

Durante una audiencia reciente en la que se solicitó una medida de aseguramiento contra González Merchán, la fiscal del caso, María Cristina Patiño, presentó pruebas que refuerzan las sospechas de obstrucción a la justicia.

Según detalló la fiscal, las grabaciones de las cámaras de seguridad de la Casa de Nariño, lugar donde supuestamente se llevaron a cabo las reuniones, contienen lapsos de grabación ausentes en momentos clave. Estas omisiones han generado dudas sobre si se trata de fallos técnicos o de una posible acción deliberada para encubrir los hechos.