
Siete personas fueron detenidas en Bogotá por su presunta participación en una serie de secuestros y robos dirigidos a conductores de plataformas de transporte virtual.
Según informó la Fiscalía General de la Nación, los implicados habrían utilizado aplicaciones de transporte para solicitar servicios, someter a los conductores y trasladarlos a inmuebles donde eran despojados de sus pertenencias y obligados a realizar transferencias bancarias antes de ser liberados.
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De acuerdo con las investigaciones de la Policía Nacional, los hechos ocurrieron en diferentes puntos de la ciudad. Entre los casos destacados, el 23 de mayo de 2025, un conductor fue secuestrado tras recoger a los sospechosos en el sector de Patio Bonito, en la localidad de Kennedy.
La víctima fue llevada a una vivienda en el barrio Dindalito, en el suroccidente de Bogotá, donde le robaron dinero en efectivo, su teléfono móvil y vaciaron sus cuentas bancarias. En este incidente, se identificó la participación de un menor de edad, que habría sido instrumentalizado para cometer el delito.
Delitos imputados

La Fiscalía General de la Nación, a través de una fiscal Gaula de la Seccional Bogotá, imputó a los detenidos los delitos de secuestro extorsivo agravado, hurto calificado y agravado, y uso de menores de edad en la comisión de delitos. Un juez de control de garantías ordenó que los siete implicados fueran enviados a un centro carcelario como medida de aseguramiento.
Los detenidos fueron identificados como Bárbara Alexandra Rojas Fariñez, Juan David Steef Gaviria Moreno, Alembert Moisés Fernández García, Adán José Morales Morillo, Estivenson Enrique Mendoza Vivanco, Jhonatan José Aparicio Rivas y Julio César Fuentes Benítez. Según las autoridades, estas personas habrían actuado de manera coordinada para ejecutar los secuestros y robos, en el que utilizaron las plataformas de transporte como medio para seleccionar a sus víctimas.
‘Modus operandi’ de los delincuentes
La investigación reveló que las víctimas eran retenidas en inmuebles donde se les despojaba de objetos de valor y se les obligaba a realizar transferencias de dinero bajo amenazas. Este modus operandi generó alarma entre los conductores de plataformas digitales, que se convirtieron en un blanco recurrente de este tipo de delitos en la ciudad.

El caso también pone en evidencia el uso de menores de edad en actividades delictivas, un agravante que es señalado por la Fiscalía en las imputaciones realizadas. Las autoridades continúan en la labor de esclarecer si existen más personas involucradas en esta red y si hay otros casos relacionados que aún no han sido denunciados.
La Fiscalía reiteró su compromiso de combatir este tipo de delitos y proteger a las víctimas, especialmente en un contexto donde las plataformas digitales de transporte son ampliamente utilizadas en la capital. Este caso resalta la importancia de fortalecer las medidas de seguridad tanto para los conductores como para los usuarios de estas aplicaciones.
Cifras de extorsión en Bogotá en 2025
El más reciente Informe Anual de Seguridad de la Fundación ProBogotá destacó un preocupante aumento en delitos como la extorsión, los homicidios, la violencia intrafamiliar y los delitos sexuales en la capital colombiana durante 2024. Según el documento, la extorsión experimentó un incremento del 63,52%, alcanzando niveles históricos, mientras que los homicidios crecieron un 11,07%. Este panorama contrasta con una disminución en los delitos contra la propiedad, como el hurto a personas, vehículos, comercios y residencias. El informe, que se publica por quinto año consecutivo, busca servir como herramienta para analizar la seguridad urbana y proponer soluciones a los desafíos que enfrenta Bogotá.

De acuerdo con el informe, el aumento en los casos de extorsión está relacionado con el accionar de organizaciones criminales que utilizan este delito como una fuente clave de financiación. Este fenómeno afecta principalmente a comerciantes, que se ven obligados a pagar sumas de dinero bajo amenazas. En cuanto a los homicidios, la Fundación ProBogotá atribuyó su incremento a disputas entre estructuras delictivas por el control de economías ilegales, como el narcotráfico y el contrabando. Además, se señaló que conflictos de convivencia, especialmente aquellos relacionados con el consumo de alcohol, también han contribuido al aumento de este delito.
El análisis también identificó a las localidades de La Candelaria, Usaquén, Los Mártires y Santa Fe como las más afectadas por la actividad delictiva. Estas zonas presentan características comunes que las convierten en focos de inseguridad, como la presencia de áreas comerciales con alta afluencia de personas, espacios abandonados, vulnerabilidad social y económica, y una cultura de impunidad. Según el informe, estas condiciones, sumadas a un limitado pie de fuerza policial y un menor control territorial en los límites rurales de la ciudad, consolidan zonas inseguras que generan temor entre los ciudadanos para habitar el espacio público.
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