El proyecto de ley Huérfanos por Feminicidio, que busca garantizar protección integral a los hijos de mujeres víctimas de feminicidio en Colombia, superó su última etapa legislativa y está listo para ser sancionado por el presidente Gustavo Petro.
Según informó el Congreso de la República, las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes aprobaron la conciliación de esta iniciativa, impulsada por la representante Juliana Aray, que establece un sistema de atención integral para jóvenes de hasta 25 años que han perdido a su madre o cuidadora legal debido a este delito.
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De acuerdo con el proyecto, se implementarán medidas específicas para atender las necesidades de esta población, que a menudo queda expuesta a la pobreza y la desprotección institucional.
Entre las disposiciones más relevantes se encuentran la asignación de ayudas económicas periódicas para jóvenes en situación de vulnerabilidad, el acceso preferencial a programas educativos, de salud, cultura, deporte y empleabilidad, así como acompañamiento psicosocial.
Además, se garantizará atención legal gratuita y especializada, especialmente en procesos de custodia y justicia penal.
Una de las medidas clave del proyecto es la prohibición de que los victimarios puedan administrar o acceder a los beneficios destinados a los hijos e hijas de las víctimas.
Así mismo, se contempla la creación de una Estrategia Nacional de Atención y un Registro Nacional de beneficiarios, con el objetivo de coordinar las acciones del Estado y prevenir la revictimización de esta población.
La representante Juliana Aray, autora de la iniciativa, celebró la aprobación del proyecto y destacó su importancia como un acto de justicia para quienes han quedado desamparados tras la pérdida de su madre.
“Esta es una ley que nace del dolor, pero se convierte en un acto de esperanza. Es justicia para quienes han quedado huérfanos no sólo de madre, sino muchas veces también de Estado”, afirmó Aray.
A través de un comunicado de prensa la representante Juliana Aray detalló los puntos más destacados de la propuesta entre los que se encuentran:
● Asignación económica periódica para jóvenes víctimas indirectas de feminicidio, pertenecientes a los grupos A, B y C del Sisbén IV.
● Acceso preferencial a programas educativos, de salud, cultura, deporte, empleabilidad y acompañamiento psicosocial.
● Atención legal gratuita y especializada, especialmente en procesos de custodia y justicia penal.
● Prohibición de que los victimarios accedan o administren los beneficios destinados a los hijos e hijas de las víctimas.
● Creación de una Estrategia Nacional de Atención y un Registro Nacional de beneficiarios, con el fin de articular acciones del Estado y prevenir la revictimización.
El senador Oscar Barreto, del Partido Conservador, también subrayó la relevancia de esta ley para garantizar que los huérfanos de feminicidio puedan desarrollarse con dignidad y acceder a oportunidades equitativas.
Según sus declaraciones, el objetivo es que estos jóvenes puedan convertirse en ciudadanos con condiciones óptimas para su futuro.
Por su parte, la senadora Aída Quilcué, del Partido Mais, destacó la precariedad en la que quedan muchos de estos niños y jóvenes, señalando que algunos ni siquiera cuentan con una familia que pueda hacerse cargo de ellos.
La senadora Clara López Obregón, del Pacto Histórico, enfatizó que esta iniciativa representa un acto de responsabilidad social hacia quienes pierden a ambos progenitores en circunstancias trágicas.
“Aprobar este proyecto de ley de verdad es una obligación para con esas personas que, en un mismo acto, quedan huérfanos de padre y de madre: madre porque la asesinan y padre porque normalmente es el victimario”, expresó López.
El proyecto de ley había sido aprobado previamente en abril de 2025 por la Comisión Primera del Senado, tras ser acumulado con otra iniciativa de la Cámara de Representantes que perseguía el mismo propósito.
Según reportó el Congreso, esta normativa busca garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y jóvenes afectados por el feminicidio, incluyendo apoyo en áreas como educación, salud, asistencia psicosocial y legal.
Una vez sancionada por el presidente Gustavo Petro, el Gobierno Nacional tendrá un plazo de seis meses para reglamentar la ley y asegurar su implementación.
Con esta normativa, Colombia se posiciona como un referente regional en la protección de las víctimas colaterales de la violencia feminicida, abordando las devastadoras consecuencias de este delito en las nuevas generaciones.
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