
El Gobierno de Colombia, a través del presidente Gustavo Petro, anunció una iniciativa para modernizar de forma integral el armamento del Ejército Nacional.
Esta decisión se produce luego de que la Contraloría General de la República emitiera una alerta por deficiencias en la gestión del material bélico, incluyendo casos de munición vencida y la presunta pérdida masiva de proyectiles.
Según lo informado por el jefe de Estado, se buscará la asignación de recursos mediante el mecanismo de vigencias futuras con el objetivo de adecuar las capacidades militares del país a los retos actuales del conflicto armado.
La propuesta contempla una renovación estructural que iría más allá de la reposición de armamento, apostando por una transformación tecnológica en las Fuerzas Militares.
Entre los frentes mencionados por el mandatario se encuentran el uso de tecnologías aeroespaciales, la aplicación de conceptos avanzados como la matemática cuántica, el fortalecimiento del control de ríos y puertos, y la incorporación de sistemas de inventario basados en tecnología Blockchain.
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“He pedido a través del mecanismo de vigencias futuras. Modernizar todo el armamento del ejército y su pertinencia en el tipo de conflicto que hay en Colombia. Rapidez y profundidad son fundamentales. Nuevas tecnologías aeroespaciales, matemática cuántica, dominio de ríos, control total de puertos. Control moderno de inventarios con Blockchain”, señaló.

El anuncio presidencial se enmarca en un contexto de creciente preocupación por las condiciones actuales del material de guerra almacenado en distintas unidades militares.
Un informe de la Contraloría reveló que existen lotes de armamento que han superado su vida útil, representando riesgos para el personal que los utiliza tanto en operaciones como en actividades de entrenamiento.
La entidad de control identificó fallas en la rotación del inventario, así como inconsistencias en los registros internos del sistema SAP, lo cual dificulta una trazabilidad clara del armamento.
Este diagnóstico fue precedido por declaraciones del propio presidente Petro, quien en mayo de 2024 denunció la desaparición de aproximadamente un millón de municiones en instalaciones militares ubicadas en Tolemaida (Tolima) y en departamentos de la región Caribe como La Guajira.

A raíz de esa denuncia, el Ejército activó sus mecanismos de control interno y realizó inspecciones en diversas unidades.
Las visitas incluyeron instalaciones en Tolemaida, Guajira y Cesar, donde se detectaron al menos diez hallazgos relevantes que encendieron las alarmas sobre la gestión de los recursos estratégicos de defensa.
Según la información obtenida por la revista Cambio, el ente de control determinó que existe un notorio desorden en el sistema de inventarios de las fuerzas armadas, lo que ha llevado a una advertencia urgente sobre un posible “riesgo de afectación negativa a los intereses públicos”.
Luis Enrique Abadía, contralor delegado para el sector Defensa, explicó al medio que la revisión de los inventarios reveló graves desórdenes que ponen en peligro no solo la seguridad nacional, sino la de las comunidades afectadas por el posible comercio ilegal de este armamento
“Lo observado puede extenderse a todas las unidades del Ejército Nacional, por lo que se consideró necesario advertir sobre la situación, teniendo en cuenta la información que se recopiló en la actuación especial”, señaló el funcionario.
Aunque no se han hecho públicos todos los detalles de estas anomalías, el informe de los auditores internos ha sido clave para que los organismos de control eleven el nivel de seguimiento a las Fuerzas Armadas en este aspecto.
Con esta decisión, el Gobierno apunta a una reorganización profunda del aparato militar, buscando que las capacidades del Ejército estén en consonancia con los nuevos escenarios del conflicto colombiano.

El proceso de modernización se plantea como una respuesta tanto a los desafíos operativos como a la necesidad de recuperar la confianza institucional frente al manejo del armamento.
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