El presidente Gustavo Petro se pronunció en medio de los señalamientos que ha generado su decisión de avanzar con una consulta popular, pese a que el Senado no autorizó esta iniciativa.
La intención del jefe de Estado es presentar ante los colombianos una serie de preguntas relacionadas con derechos laborales, y hacerlo mediante un decreto, lo que ha despertado preocupación en distintos sectores políticos.
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La propuesta del mandatario fue rechazada por el Congreso de la República, lo que, según sus críticos, inhabilita legalmente al Ejecutivo para insistir en el mecanismo.
Aun así, el presidente anunció que procederá con la convocatoria por medio de una decisión unilateral, hecho que para algunos líderes y juristas representa un posible desconocimiento de las funciones constitucionales del Legislativo.
A raíz de esta posición, se han difundido acusaciones que señalan al presidente de actuar por fuera de los márgenes institucionales.
Algunos opositores han calificado la determinación como el preludio de un quiebre en el equilibrio de poderes, afirmando que recurrir a una consulta sin respaldo del Congreso vulnera la democracia representativa y sienta un precedente riesgoso.
En respuesta a estas críticas, el presidente Petro recurrió a su cuenta de X para emitir un mensaje en el que señala qué, según él, constituye un verdadero quiebre institucional.
En su publicación, escribió: “Golpe de Estado es haber metido tanques y fusiles a la Comuna 13, haber entregado el poder público al poder paramilitar para que desaparecieran a centenares de personas y haber utilizado La Escombrera como fosa común de ciudadanos. Dictadura es matar 6.402 jóvenes inocentes con balas del Estado. Eso es un verdadero golpe de Estado”.
La afirmación del mandatario hace alusión a hechos ocurridos en gobiernos anteriores, y apunta a violaciones graves de derechos humanos para contrastar con el escenario actual.
En su planteamiento, remarca que las decisiones del Ejecutivo no representan actos de fuerza, sino mecanismos democráticos de participación.
Las palabras del presidente se dan en medio de una creciente controversia jurídica y política sobre la viabilidad de usar un decreto para convocar una consulta, cuando la ruta ordinaria contempla la autorización legislativa.
Algunos constitucionalistas han advertido que avanzar sin dicha aprobación podría acarrear consecuencias legales, mientras otros sostienen que existen resquicios jurídicos que podrían permitirlo si se argumenta en el marco del derecho a la participación ciudadana.
Mientras tanto, desde la Casa de Nariño se adelantan movimientos para consolidar los soportes que respalden la eventual convocatoria. El Gobierno ha señalado que las preguntas propuestas buscan someter al escrutinio público temas relativos a la estabilidad laboral, la formalización del trabajo y el papel del Estado en la garantía de derechos sociales.
La controversia se intensificó luego de que, según el Consejo de Estado, el Ejecutivo no ha remitido ciertas pruebas solicitadas en el marco de un proceso relacionado con la elección de Carlos Hernando Camargo como defensor del Pueblo. Aunque este caso es distinto al de la consulta, ha sido mencionado como muestra de los desacuerdos entre poderes.
En paralelo, ministros y altos funcionarios del Gobierno han manifestado respaldo a la iniciativa presidencial, y han comenzado a trabajar en la preparación de los componentes técnicos y logísticos necesarios para una eventual consulta popular. De hecho, en días pasados, el presidente les impartió la instrucción de coordinar esfuerzos en ese sentido.
“Golpe de Estado es haber metido tanques y fusiles a la Comuna 13 (…) Eso es un verdadero golpe de Estado”, reiteró el presidente en su mensaje, que fue compartido ampliamente en redes sociales y generó reacciones divididas. Algunos usuarios respaldaron su interpretación, mientras otros insistieron en que cualquier decisión que no respete el procedimiento legislativo podría considerarse una transgresión institucional.
En ese contexto, analistas han advertido que el camino que adopte el Gobierno podría abrir un debate más amplio sobre los límites de la participación directa, los alcances del poder presidencial y el rol de los mecanismos de control. El asunto también está siendo seguido por organizaciones de observación electoral, que han expresado interés en evaluar el cumplimiento de los requisitos constitucionales para este tipo de convocatorias.
Por ahora, no se ha definido una fecha para la expedición del decreto.
Sin embargo, desde el Gobierno se ha confirmado que la decisión sigue en firme, mientras se ajustan los detalles legales. De llevarse a cabo, la consulta abordaría 12 preguntas, cuya redacción y alcance todavía no han sido divulgados oficialmente.
El debate continúa desarrollándose tanto en instancias jurídicas como en la arena política. La atención está centrada en la posibilidad de que el presidente formalice la convocatoria sin contar con el aval del Congreso, lo que podría dar pie a nuevas acciones judiciales y a un pronunciamiento de las altas cortes sobre el alcance constitucional de sus competencias.
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