En la alocución del 3 de junio de 2025, el presidente de la República, Gustavo Petro, aseguró que la consulta popular se implementará vía decreto tras la negativa del Senado de aprobar la iniciativa.
“Voy a decretar la consulta popular. La Corte Constitucional decidirá indudablemente, puede o no decidir, de acuerdo a las normas existentes. ¿Por qué decreto la consulta popular? Porque jamás hubo un concepto favorable en el Senado, hicieron trampa (...) Sé que me va a caer todo y que voy a acelerar todas las amenazas que hay contra mí. El pueblo debe expresarse porque es el dueño del poder político en Colombia, no hay otro dueño”, expresó.
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En rueda de prensa, el exfiscal general y exmagistrado de la Corte Constitucional Eduardo Montealegre confirmó que el primer mandatario convocará la consulta popular vía decreto.
De acuerdo con el ex alto funcionario, Petro se escuda en la votación del Senado en la que se hundió la consulta, puesto que, en su opinión, hubo varios vicios e irregularidades que invalidan la decisión.
“El Presidente de la República en el día de hoy tomó la decisión de convocar por decreto la consulta popular sobre la reforma laboral. La Presidencia de la República, después de un estudio muy serio, encontró que en ese trámite del Congreso, en la decisión del Senado, se incurrió en varios vicios de inconstitucionalidad”, señaló.
Así las cosas, Montealegre explicó que con esa perspectiva Gustavo Petro defiende la determinación de convocar la consulta popular vía decreto antes de 11 de junio de 2025.
(...)Vicios que son insubsanables y que hacen inexistente la decisión del Congreso de la República. En ese caso, por los vicios de inconstitucionalidad, como la decisión del Congreso jurídicamente es inexistente. El presidente puede convocar vía decreto la consulta y eso hará antes del 11 de junio”, anotó.
Según explicó el exfiscal, el presidente tiene la facultad de emitir un decreto para someter a consulta los temas laborales que el Senado rechazó, argumentando que la negativa fue arbitraria. Montealegre sostuvo que “no queda otra salida que ‘El Decretazo’. El balón está en la cancha del presidente. Es una salida legítima y constitucional. En la postmodernidad, los grandes cambios sociales son producidos por los movimientos de ciudadanos y las herejías constitucionales”.
Frente a la postura del exmagistrado, el concejal de Bogotá por el Centro Democrático Daniel Briceño, denunció en sus redes sociales que Eduardo Montealegre recibió más de mil millones de pesos del gobierno de Gustavo Petro.
“$1.788.856.667 es la suma que ha recibido Eduardo Montealegre por parte del gobierno Petro. El que está respaldando jurídicamente el acto dictatorial de expedir la consulta popular recibe buena plata”, escribió en su cuenta de X.
Los pagos se efectuaron en seis contratos por un valor de $1.712.000.000 por prestación de servicios que fueron firmados por medio de la empresa Economía Derecho y Sociedad S.A.S de la que el exfiscal es gerente.
Dos de los vínculos con el Estado son con la aseguradora Positiva que estuvo envuelta en la polémica por una presunta compra de puestos por parte de David Racero. Además, tiene cuatro contratos con Rtvc para “ayudar en temas personales a Hollman Morris”, explicó Briceño.
De hecho, mostró que hubo otros dos contratos firmados por la gerente suplente de la entidad, Claudia Patricia Ospina, que se adjudicó convenios por un valor superior a los $76 millones.
Para el cabildante, esta cifra pone en entredicho la imparcialidad de Montealegre de respaldar jurídicamente la consulta popular impulsada por el presidente, por lo que sugirió un conflicto de intereses, ya que estaría viéndose beneficiado con dineros estatales.
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