El director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia (Inpec), coronel Daniel Gutiérrez, confirmó la extradición de Andrés Felipe Marín Silva, conocido como alias Pipe Tuluá, líder de la banda criminal La Inmaculada, hacia Estados Unidos.
Según explicó el coronel, el operativo de traslado de Marín Silva, quien se encontraba recluido en la cárcel La Picota, estuvo acompañado de estrictas medidas de seguridad por las amenazas recibidas contra los funcionarios penitenciarios tras su salida.
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De acuerdo con las declaraciones del coronel Gutiérrez, la Policía Nacional solicitó el traslado de Marín Silva a una estación policial que cumpliera con los requisitos necesarios en términos de infraestructura, seguridad y atención.
“Es una de las personas privada de libertad que se encontraba en la picota hace más o menos varios años. Ayer la policía hizo una solicitud de hacer una requisita de unos operativos de él y de otros privados de libertad, específicamente de él solicitaron el traslado para una estación de policía la cual cumple con requisitos como la infraestructura, como la seguridad y como la atención y tratamiento”, afirmó el coronel Gutiérrez.
Este movimiento, que forma parte de un trabajo conjunto entre el Inpec, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Justicia, generó una serie de panfletos amenazantes en los que se declaraba como objetivo militar a los servidores penitenciarios del país.
Estas amenazas han incrementado la tensión entre los funcionarios encargados de la custodia de los privados de libertad.
El coronel detalló que, pese a las amenazas, se decidió continuar con el operativo, destacando la importancia de demostrar que las instituciones trabajan de manera articulada para garantizar la seguridad y el cumplimiento de la ley.
“En este caso la Policía hizo la solicitud para tenerlo allá y tener esa custodia de vigilancia. Lo que generó, después de esto, unos panfletos amenazantes, declarando objetivo militar a todos los servidores penitenciarios del país. No obstante, se ha hecho un trabajo articulado, importante con la Policía Nacional, con el Ministerio de Defensa y de Justicia, donde han hecho revistas constantes a los establecimientos evitando que haya algún atentado en contra de los guardianes de la Guardia Penitenciaria”, explicó el director del Inpec.
Según Gutiérrez, el trabajo conjunto entre la guardia penitenciaria, la Policía Nacional y los internos busca evitar estigmatizaciones y prevenir posibles atentados contra los funcionarios penitenciarios.
El traslado de alias ‘Pipe Tuluá’ no es un caso aislado, ya que, según explicó el director del Inpec, existen otros privados de libertad que han sido reubicados en estaciones de policía o instalaciones militares debido a razones de seguridad. Estas medidas buscan reforzar la vigilancia y minimizar los riesgos asociados a la custodia de personas consideradas de alta peligrosidad.
La extradición de Marín Silva a Estados Unidos representa un paso significativo en la lucha contra el crimen organizado, pero también pone de manifiesto los desafíos que enfrentan las autoridades penitenciarias y de seguridad en Colombia. Las amenazas recibidas tras el traslado subrayan la necesidad de fortalecer las medidas de protección para los funcionarios que desempeñan labores en este ámbito.
El coronel Gutiérrez reiteró el compromiso de las instituciones involucradas para garantizar la seguridad de los servidores penitenciarios y continuar con las operaciones necesarias para combatir el crimen organizado.
“Se pensó anoche en no hacer este trabajo de hoy. Precisamente porque estaba generando esas amenazas y esa incertidumbre los funcionarios penitenciarios, pero estamos aquí demostrándole al país que los buenos somos más”, finalizó el coronel Gutiérrez.
Además, enfatizó la importancia de la planeación operativa y la coordinación interinstitucional para enfrentar los riesgos asociados a este tipo de procedimientos.
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