Aumento del salario para empleados públicos ya fue oficializado por el Gobierno: desde cuándo se pagará con retroactivo

Más de 1,3 millones de servidores públicos en Colombia se beneficiarán a partir de ahora con un aumento salarial del 7% para 2025, según lo oficializó el Gobierno mediante la expedición de 26 decretos que establecieron los nuevos valores para los distintos sectores del Estado. El incremento, que incluye un ajuste retroactivo desde el 1 de enero de 2025, fue acordado en la Mesa de Negociación del Sector Público y busca compensar la inflación anual proyectada, además de cumplir con compromisos adquiridos en negociaciones colectivas.

De acuerdo con el Departamento Administrativo de Función Pública (Dapf), la medida impactará a empleados de entidades nacionales y territoriales, así como a miembros de las ramas Judicial y Legislativa, fuerzas militares, policía y personal administrativo.

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El aumento salarial, que combina un ajuste del 5,2% correspondiente a la inflación anual de 2024 y un incremento adicional del 1,8%, fue oficializado con la firma de los decretos que hizo presidente Gustavo Petro, el ministro de Hacienda Germán Ávila y el director encargado de Función Pública y ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.

Dicho reajuste representará un gasto de $2,1 billones para el Estado, que se suma a los $32 billones destinados a la nómina pública. Además, para 2026, el aumento será equivalente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2025 más un 1,9%, lo que implicará un costo adicional de $2,3 billones de pesos, alcanzando un total de $4,4 billones entre ambos años.

Entre los decretos más destacados expedidos el 3 de junio de 2025 se encuentran:

• Decreto 0620, que fija los límites salariales para gobernadores, alcaldes y empleados públicos de entidades territoriales
• Decreto 0618, que regula las disposiciones salariales y prestacionales para empleados de universidades estatales
• Decreto 0616, que establece las escalas salariales para empleados civiles no uniformados del Ministerio de Defensa, Fuerzas Militares y Policía Nacional.
• Decreto 0602, que regula el régimen salarial de los servidores de la Fiscalía General de la Nación,
• Decreto 0594, que establece disposiciones salariales para la Rama Judicial y la Justicia Penal Militar.

En total se emitieron 26 decretos que abarcan a diversas entidades y niveles del servicio público, incluyendo educadores indígenas, funcionarios de la Dian, Contraloría, Auditoría General, Medicina Legal, Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd) y Aeronáutica Civil.

Y es que el impacto del aumento salarial busca mantener el poder adquisitivo de los empleados públicos frente a la inflación y también reconocer su trabajo en sectores clave como educación, salud, justicia, defensa y administración pública.

El retroactivo correspondiente al incremento salarial deberá ser liquidado y pagado en un plazo máximo de dos meses desde la fecha en que se disponga el reajuste en la nómina. El ajuste económico compensará a los empleados por las diferencias salariales generadas entre el inicio del año y la fecha de oficialización del aumento.

Se debe tener en cuenta que el cálculo del retroactivo se basa en varios factores, como el porcentaje oficial de aumento, el salario base del empleado, el número de meses laborados durante el año y los documentos que acreditan su presencia en la institución. Además, el retroactivo también puede impactar prestaciones sociales como primas, cesantías e intereses sobre cesantías, dependiendo de si estos beneficios ya fueron liquidados con el salario anterior.

Las deducciones legales, como aportes a salud, pensión y retención en la fuente, también se aplicarán al retroactivo.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, destacó que los costos asociados a estos incrementos salariales ya están contemplados en el Plan Financiero del Gobierno nacional, lo que garantiza su sostenibilidad económica.

Por su parte, Función Pública precisó que más de 1,25 millones de servidores públicos se beneficiarán de este aumento, que incluye tanto a empleados de carrera como a provisionales y contratistas bajo figura de OPS, aunque estos últimos no siempre aplican para retroactivos debido a la naturaleza de su relación laboral.

En términos generales, este reajuste salarial refleja el compromiso del Gobierno de Gustavo Petro con los acuerdos alcanzados en la negociación nacional del sector público, así como su intención de garantizar condiciones laborales justas para los empleados del Estado.