La comunidad indígena emberá, asentada en la Unidad de Protección Integral (UPI) de La Rioja, en Bogotá, enfrenta una inminente evacuación como resultado del fallo de tutela del Tribunal de Cundinamarca.
Según informó Isabelita Mercado, consejera para Víctimas y Reconciliación de Bogotá, la Administración Distrital ya ha sido notificada y está en vías de implementar una solución apropiada.
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Mercado mencionó que se están evaluando diversos terrenos para cumplir con las condiciones del fallo mientras se esperan esfuerzos colaborativos con el gobierno nacional.
La urgencia de este fallo llevó a la administración local a solicitar apoyo de la Nación con el objetivo de lograr una transición adecuada para la comunidad.
“Bogotá está explorando una serie de predios que nos permitan cumplir con las condiciones impuestas en el fallo. Le hemos pasado a la Nación una serie de solicitudes para que este esfuerzo pueda complementarse y pueda llevarse a buen puerto”, explicó la consejera a W Radio.
De esta manera, la funcionaria detalló que existe un esfuerzo significativo por parte del Distrito para conseguir el desplazamiento ordenado, buscando siempre la asistencia nacional como respaldo.
Además de este mandato específico, Mercado resaltó la importancia de continuar con lo señalado en el fallo original emitido en agosto de 2023. Este fallo obliga a la Unidad para las Víctimas a acelerar los procesos para el retorno y la reubicación de la población Emberá.
Este proceso ya muestra avances, tal como lo indicó Mercado, al mencionar que se llevó a cabo la caracterización de la comunidad la semana anterior.
La consejera Mercado enfatizó que las acciones en curso buscan lograr una solución a largo plazo para la comunidad Emberá, en un esfuerzo coordinado entre el Distrito y otras entidades gubernamentales.
Información adicional brindada por la consejera destacó el compromiso de seguir avanzando hacia un resultado sostenible que respete los derechos y necesidades de esta población vulnerable.
Sobre el fallo
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó la evacuación urgente e inmediata del lugar, donde residen al menos 900 personas en condiciones peligrosas.
Según informó la Personería de Bogotá, desde octubre de 2024 se denunció el mal estado del espacio, con problemas fundamentales como gestión deficiente de residuos, presencia de insectos y ratas, aguas negras y conexiones eléctricas peligrosas.
El riesgo es acentuado por el uso de entre 80 y 100 cilindros de gas de manera improvisada, lo que podría provocar una explosión, además del riesgo de colapso de algunas estructuras.
De acuerdo con el pronunciamiento del tribunal emitido el 28 de mayo de 2025 y revelado en junio, varias entidades deben llevar a cabo la reubicación.
La Oficina de Consejería Distrital de Paz Víctimas y Reconciliación, la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá y el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron), junto con el Instituto Distrital para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático, tienen tres meses para identificar un nuevo lugar que cuente con las condiciones necesarias de dignidad, servicios básicos y acceso a saneamiento para albergar a la población de manera temporal.
El personero de Bogotá, Andrés Castro Franco, había señalado la urgente necesidad de actuar conforme a las medidas de seguridad, haciendo un llamado a trasladar, reubicar o integrar a la población indígena, para prevenir una potencial tragedia como consecuencia de las inadecuadas instalaciones de la UPI La Rioja.
Pese a la visibilidad pública de la situación desde 2024, no se había tomado una decisión clara hasta mayo de 2025, cuando el distrito le solicitó a la Unidad para las Víctimas establecer lineamientos para la reubicación.
Además de las acciones físicas, se ha estipulado que se deben continuar proporcionando los servicios públicos y psicosociales a la comunidad embera, buscando asegurar condiciones de vida humanas y dignas mientras se efectúa su reubicación.
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