El ministro del Interior, Armando Benedetti, salió al frente de las críticas que ha desatado la decisión del Gobierno de convocar una consulta popular sobre derechos laborales, y aseguró que será la Corte Constitucional —y no el Consejo de Estado— la que deberá revisar la legalidad del decreto que hará posible dicha convocatoria.
De acuerdo con Benedetti, el acto administrativo que emitirá el presidente Gustavo Petro no puede entenderse como un hecho aislado, sino como parte integral de un proceso más amplio de participación ciudadana.
En ese sentido, el ministro explicó que el control de constitucionalidad debe recaer en el máximo tribunal constitucional, dada la naturaleza del mecanismo, el conjunto de etapas que lo componen y el impacto que tendrá sobre el ordenamiento jurídico nacional. Así lo expresó en una post en la red social X.
“Si bien el decreto de la convocatoria es un acto administrativo, es parte integral del concepto de la Consulta como la solicitud del presidente y sus ministros, las doce preguntas, la votación del Senado, el decreto convocando a la consulta popular, la convocatoria a elecciones a la Consulta, el reconocimiento de los comités del Sí y No, la logística de la Registraduría, las mismas elecciones”, señaló.
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El Gobierno sostiene que la consulta incluye no solo el decreto de convocatoria, sino también el contenido de las preguntas, la solicitud firmada por el presidente y sus ministros, la aprobación del Senado, la organización de las elecciones por parte de la Registraduría, y la inscripción de los comités promotores del “Sí” y el “No”.
Por esa razón, argumenta que corresponde a la Corte evaluar todo el proceso en su conjunto, en cumplimiento del artículo 241 de la Constitución Política.
La postura de Benedetti busca contrarrestar las acusaciones de varios sectores políticos que calificaron el anuncio de la consulta como un “golpe de Estado”.
Ocho partidos, junto al presidente del Congreso, Efraín Cepeda, manifestaron su rechazo al decreto incluso antes de su publicación oficial, y anunciaron que presentarán demandas para frenarlo. Consideran que el Ejecutivo estaría desbordando sus competencias al acudir a un mecanismo que, a su juicio, interfiere con las funciones del Congreso.
Contra Cepeda, Benedetti también escribió un post, responsabilizándolo de las agitaciones en la marea política de Colombia en los últimos días:
“Ningún dictador acude a la Corte Constitucional, a la participación ciudadana, al estado social de derecho. Lo que sí sucede en las dictaduras es que la fuerza pública salga a las calles, arrestos sin órdenes judiciales, estados de excepción, ejecuciones extrajudiciales, represión a las manifestaciones, censura a la prensa. Aquí no ha pasado nada de eso. Todo lo que está pasando es por las seis vagabunderías de Efraín Cepeda. ¿Acaso no hay nada más democrático y sublime que preguntarle al pueblo por sus derechos laborales? Lo demás son unos presidentes de partidos tratando de hacerle daño al presidente Petro”.
Frente a estas críticas, el ministro del Interior cuestionó abiertamente la reacción del Congreso y los partidos opositores.
Desde su perspectiva, la consulta representa un acto legítimo de democracia directa, amparado en el Estado social de derecho y alejado de cualquier pretensión autoritaria.
Aseguró que ningún régimen dictatorial acude a la Corte Constitucional ni convoca al pueblo a las urnas para decidir sobre sus derechos.
Benedetti también apuntó contra Efraín Cepeda, presidente del Congreso, a quien responsabilizó por una estrategia de obstrucción política.
Según el ministro, la controversia no se basa en argumentos jurídicos sólidos, sino en intentos de debilitar la agenda del Gobierno y de bloquear cualquier avance en la discusión sobre los derechos laborales.
El decreto que dará inicio formal al proceso será expedido en los próximos días. Aunque aún no se conocen públicamente las doce preguntas que compondrían la consulta ni los detalles logísticos de la jornada electoral, el Gobierno insiste en que todo el procedimiento se llevará a cabo bajo el marco de la legalidad vigente.
El pulso entre el Ejecutivo y los sectores políticos que adversan la medida apenas comienza. Más allá del debate técnico sobre la competencia de los tribunales, el trasfondo es profundamente político: una confrontación entre la apuesta del Gobierno por reformar el modelo laboral mediante herramientas de participación ciudadana y la resistencia de las fuerzas tradicionales que ven en esta estrategia un riesgo para el equilibrio de poderes.
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