Un extenso informe revelado por el gobierno sueco ha puesto en el centro de atención las numerosas irregularidades en las adopciones internacionales realizadas con varios países, entre ellos, Colombia.
Este informe ha llevado a la recomendación de prohibir completamente estas adopciones debido a las múltiples violaciones a los derechos humanos.
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En Suecia, aproximadamente sesenta mil personas han sido adoptadas desde el extranjero, con países de origen, como Corea del Sur, India, Colombia, China y Sri Lanka encabezando la lista.
Según El Colombiano, la investigadora especial Anna Singer presentó su informe a la ministra de Servicios Sociales, donde explica que, a lo largo de varias décadas, numerosos niños fueron adoptados bajo circunstancias irregulares.
Padres de los menores no otorgaron su consentimiento libre e informado, y en algunos casos, estos eran declarados erróneamente como muertos o representados por personas que no eran sus verdaderos padres.
Según los hallazgos, también se detectaron deficiencias en la documentación sueca, que contenía detalles falsos sobre los niños adoptados, tales como su fecha de nacimiento, información sobre sus padres y las razones detrás de la adopción.
Singer indicó que el gobierno estaba al tanto de estas irregularidades, aunque la comisión no comunicó el número exacto de casos.
Sin embargo, se confirmó que hubo tráfico de niños y adopciones ilegales desde los años setenta, principalmente en adopciones privadas provenientes de Sri Lanka, Colombia, Polonia y China.
La propuesta de la comisión subraya la importancia de reconocer oficialmente las violaciones a los derechos humanos ocurridas, así como ofrecer una disculpa pública a quienes fueron afectados.
Además, se sugiere que Suecia ponga fin a las adopciones internacionales e impulse un apoyo prolongado para los adoptados y sus familias, según informó Euro.news.
La ministra de Servicios Sociales, Camilla Waltersson, afirmó que el gobierno sueco toma muy en serio las conclusiones de la comisión y analizará las recomendaciones presentadas.
A pesar de estas propuestas, la agencia Adoptionscentrum, la mayor organización mediadora de adopciones en Suecia, expresó su apoyo a revisar las prácticas actuales, pero cuestionó una prohibición total.
La vicepresidenta Margret Josefsson declaró a la cadena pública ‘SVT’ que una familia segura en otro país puede ser mejor que crecer en una institución.
El Comité de Adopciones fue establecido tras una publicación de Dagens Nyheter, un diario sueco que puso de manifiesto algunos ejemplos de lo que denomina “niños robados” procedentes de varios países, incluyendo China, Sri Lanka y Chile.
La investigación de este medio sueco reveló que la documentación utilizada para adopciones contenía información falsa respecto al estado de abandono de los niños y las circunstancias económicas de sus padres biológicos.
Esto fue confirmado por la comisión, que también señaló que en algunos casos las adopciones se realizaron sin el consentimiento voluntario e informado de los padres.
El fenómeno de las adopciones irregulares no es exclusivo de Suecia, pues otros países europeos están revaluando sus políticas en este ámbito.
Holanda dejó de permitir adopciones extranjeras tras un informe de 2021 que evidenció abusos similares. Dinamarca también anunció el fin de sus actividades en adopciones internacionales, mientras que Noruega investiga sus prácticas pasadas con niños de Corea del Sur.
En Flandes, Bélgica, las adopciones internacionales se han suspendido tras informes de malas prácticas en diversos países. La creciente revisión de estas prácticas en Europa muestra un claro esfuerzo por abordar el problema de adopciones internacionales controvertidas y sin transparencia.
Corte Suprema suspende adopción de niños Embera Katío sin consentimiento parental
La Corte Suprema de Justicia advirtió que separar a dos niños de la comunidad Embera Katío de sus padres, sin considerar su contexto cultural, podía constituir una “grave violación a la diversidad étnica y cultural”.
Esta advertencia se produjo tras la intervención del alto tribunal, que ordenó suspender de inmediato el proceso de adopción iniciado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y un juzgado de familia en Bello, Antioquia, quienes entregaron a los menores en adopción sin el consentimiento de sus padres, quienes aún conservaban la custodia.
La decisión de la Corte Suprema expuso fallas graves en la comunicación institucional y en el respeto a los derechos de la comunidad indígena involucrada.
De acuerdo con lo publicado por Infobae, la historia de la familia comenzó en 2021, cuando una pareja indígena Embera Katío llegó a Medellín huyendo de la violencia en su territorio de origen.
La mujer, embarazada de gemelos, dio a luz en la calle debido a la falta de condiciones dignas para vivir. Durante dos años, la pareja enfrentó una situación de extrema vulnerabilidad, luchando por la supervivencia de sus hijos, quienes desarrollaron problemas de salud a causa de las precarias condiciones en las que crecían.
En 2023, con la esperanza de mejorar su situación, la pareja decidió retornar a su territorio con el apoyo de la Unidad de Víctimas y sus familiares. Como medida transitoria, los padres acordaron dejar a los gemelos bajo la protección del Icbf mientras aseguraban mejores condiciones en su comunidad para recibirlos nuevamente.
La Defensoría del Pueblo interpuso una tutela contra el Icbf y el juzgado de familia de Bello, argumentando que los padres no dominaban el español y, por tanto, no comprendieron completamente los procedimientos relacionados con la custodia de sus hijos. Además, la Defensoría señaló que el Icbf no agotó los mecanismos legales para la reunificación familiar antes de decidir poner a los menores en adopción.
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