El anuncio del presidente de la República, Gustavo Petro, de convocar una consulta popular mediante decreto, generó una ola de reacciones y preocupaciones sobre las posibles implicaciones constitucionales de esta decisión. Entre los políticos que han expresado su rechazo a la iniciativa se destaca la representante a la Cámara por el partido Alianza Verde, Katherine Miranda, que hizo un llamado urgente a consolidar fuerzas de oposición para preservar la estabilidad democrática del país.

Miranda utilizó sus redes sociales para advertir que la actitud del presidente podría desencadenar un quiebre institucional. “Este país respeta la Constitución”, afirmó la congresista, que cuestionó las repercusiones de la decisión presidencial que, según ella, desafía la estructura del sistema político actual. Al punto que puso en evidencia cómo se estaría fraguando un golpe de Estado, que ya no necesita de armas, sino de un mandatario que ignore la Carta Magna.

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“Llegó la hora de movilizarnos, de unirnos los demócratas sin importar el color político, de demostrarle a Petro que este país respeta la Constitución y la separación de poderes”, indicó Miranda, que fue clara en expresar que no se puede ser egoístas frente a la situación que atraviesa el país. “Todos, sin importar el color político, debemos unirnos, debemos defender la institucionalidad y la Constitución Política. Grandeza, por favor, el país está en juego”, afirmó la congresista.

El espíritu de resistencia al decreto también se reflejó en las declaraciones del exmandatario Juan Manuel Santos, que abogó por la unidad de todos los expresidentes del país en defensa de la institucionalidad y la democracia. Santos, alineado con las preocupaciones de Miranda, afirmó la necesidad de que los líderes políticos se unan para enfrentar cualquier amenaza a la estabilidad constitucional; con lo que también le respondió al expresidente Álvaro Uribe.

“En otra oportunidad le responderé a Uribe sus repetidas calumnias sobre lo que él llama petrosantismo, que no existe, y sobre el supuesto quiebre constitucional con el acuerdo de paz, que tampoco existió porque todo fue avalado por el Congreso y la Corte Constitucional. Lo que el país necesita en estos momentos es que todos los expresidentes nos unamos para defender nuestra democracia”, afirmó el expresidente en su perfil en la cuenta de X.

El contexto de estas declaraciones está relacionado con la alocución del primer mandatario, que en su alocución, el 3 de junio de 2025, defendió su derecho a convocar al pueblo a decidir sobre la reforma laboral a través de una consulta popular. El jefe de Estado indicó que el pueblo es el dueño legítimo del poder político en Colombia, y criticó al senador Efraín Cepeda por lo que evaluó como una manipulación del proceso senatorial que afectó la legitimidad de la votación.

A su vez, el jefe de Estado explicó su decisión al apegarse a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 1757 de 2015, al afirmar que “si pasan 30 días sin tomar decisión, queda facultado, por ley, el presidente de la República para decretarla”. En consecuencia, hizo valer su interpretación de la legalidad del decreto, basada en la asesoría que ha recibido, entre otros, por el exfiscal General de la Nación Eduardo Montealegre, que es contratista del Estado con más de $840 millones en recursos.

Y, consciente del posible costo político de su determinación, expresó su expectativa de enfrentar fuertes presiones y amenazas a raíz de esta acción. “Sé que me va a caer todo y sé que voy a acelerar las amenazas que hay sobre mí”, afirmó Petro. No obstante, defendió su postura como un esfuerzo necesario para empoderar al pueblo, del cual dijo es “el dueño del poder político en Colombia”, no sin antes lanzarle duras pullas al presidente del Congreso, Efraín Cepeda Sarabia.