Más de quinientos líderes comunales en el departamento del Huila, Colombia, enfrentan amenazas directas en lo que va de 2025, y dos de ellos han sido asesinados, lo que evidencia una grave crisis de seguridad en la región.
Según organizaciones defensoras de derechos humanos, los asesinatos tuvieron lugar en los municipios de Algeciras, en febrero, y recientemente en Baraya, ambos históricamente afectados por el conflicto armado.
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Además, se han identificado al menos veinte municipios con un alto riesgo de violencia contra los líderes sociales, incluidos Neiva, Pitalito, Isnos, La Plata, Algeciras y Tello.
De acuerdo con Nadia López, defensora de derechos humanos y vocera de la Mesa Territorial de Garantías en el Huila, la región estaba previamente menos visibilizada en lo que respecta a la afectación del conflicto sobre los liderazgos sociales.
López explicó a RCN Radio que “afortunadamente, la Defensoría emitió la alerta temprana 01 del 2025, donde se muestra el riesgo en varios municipios”.
Esta alerta pone de manifiesto la gravedad de la situación y la necesidad de intervenciones urgentes.
Las amenazas a los líderes comunales se han materializado mediante intimidaciones directas, mensajes anónimos, seguimientos sospechosos y visitas de hombres armados a sus hogares.
Aunque muchos casos han sido denunciados, persisten subregistros debido al temor a represalias y la desconfianza hacia las instituciones.
Según testimonios recogidos por organizaciones sociales, estas amenazas han conducido al desplazamiento silencioso de varios líderes, quienes abandonan sus hogares y detienen sus actividades comunitarias sin registrar oficialmente su situación como víctimas de desplazamiento forzado.
Una líder comunal expresó: “Hay personas que se van con lo que tienen en la mano, sin decir nada, porque sienten que nadie los va a proteger. Eso es muy grave y habla de una falla estructural del Estado”.
La violencia afecta de manera particular a las zonas rurales del departamento, donde se reporta la presencia de actores armados ilegales y disputas por el control territorial. Nadia López subrayó que estas dinámicas han derivado en “acciones sistemáticas de hostigamiento” contra los líderes.
Pese a las denuncias y a las investigaciones en curso por parte de las autoridades, los avances no han sido suficientes para brindar un sentido de seguridad a las comunidades. Ante este panorama, líderes sociales, plataformas comunitarias y defensores de derechos humanos han solicitado medidas concretas al Gobierno nacional.
Las propuestas incluyen fortalecer los esquemas de protección colectiva, aumentar la presencia institucional en las zonas afectadas y avanzar en los procesos judiciales para identificar y capturar a los responsables de las amenazas. Sin embargo, la respuesta gubernamental no ha generado un impacto significativo hasta el momento. De acuerdo con López, “entre las propuestas están el fortalecimiento de los esquemas de protección colectiva, el incremento del acompañamiento institucional en los territorios más afectados y el avance en investigaciones judiciales que permitan capturar a las personas detrás de estas amenazas”.
La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría han emitido alertas tempranas y han solicitado priorizar las intervenciones en el Huila, pero estas acciones aún no se han traducido en garantías efectivas para la seguridad de los líderes comunales.
Las organizaciones también señalan que proteger a estos liderazgos no solo implica salvaguardar vidas, sino también garantizar la preservación del tejido social y la democracia en los territorios. Ante esta crisis, los líderes sociales continúan haciendo un llamado al Estado para aumentar su presencia más allá de gestos simbólicos.
Mientras la incertidumbre crece entre las comunidades del Huila, los líderes afectados insisten en su derecho a trabajar sin temor por el bienestar de sus comunidades. La preocupación generalizada radica en si se logrará una intervención efectiva antes de que la violencia cobre más víctimas.
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