Fiscalía volverá a presentar acusación contra el ministro de Trabajo por hechos de corrupción ligados al ‘carrusel de la contratación’

Continúa la polémica en la investigación judicial que involucra a Antonio Sanguino, actual ministro de Trabajo en el Gobierno de Gustavo Petro, que se encuentra en una etapa decisiva tras el traslado del caso a la sala de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia.

Cabe recordar que la Fiscalía General de la Nación radicó en febrero de 2025 un escrito de acusación contra Sanguino, que también fue concejal, por presuntos delitos relacionados con el escándalo del “carrusel de contratos” en Bogotá.

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En este contexto, la fiscal general Luz Adriana Camargo explicó que, tras el nombramiento de Sanguino como ministro, el proceso pasó a manos de los delegados ante la Corte Suprema. En esa instancia, los investigadores concluyeron que la hipótesis inicial para llevarlo a juicio resultaba difícil de probar, por lo que se consideró necesario modificar la acusación.

“No se trata de enredar ni favorecer a nadie, sino de aplicar la ley con un ingrediente adicional, es que nosotros estamos a la espera de que adopte la sala de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia en el entendido de que nosotros podemos ajustar la acusación por el segundo hecho”, afirmó Camargo.

La fiscal General también detalló las razones por las que solicitó la preclusión por prescripción del delito de tráfico de influencias, uno de los cargos imputados a Sanguino. En ese sentido, argumentó que la inactividad prolongada en esa línea de investigación llevó a que se declarara la prescripción de las actuaciones relacionadas con ese delito, lo que significa que la justicia ya no puede perseguirlo por ese hecho. Sin embargo, otros delitos continúan vigentes y la Fiscalía planea sustentarlos en el juicio.

“Tiene que ver con la adjudicación del contrato y que a nuestro juicio, porque yo comparto ese concepto, tiene una tipicidad más clara en el delito de contratos incumplimiento de los requisitos legales, que no está prescrito como tampoco estaría prescrito de mantenerse la hipótesis en ese segundo delito y lo que se pretende es ajustar la acusación alguna de estas hipótesis, para no tener dificultades en el juicio en términos básicos de buena adecuación”, señaló la jefe del ente acusador.

La acusación principal contra Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, que permanece activa, se relaciona con la adjudicación de un contrato durante la administración de Samuel Moreno en la Alcaldía de Bogotá. La Fiscalía consideró que este hecho encuadra de manera más clara en el delito de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales, el cual no ha prescrito.

“Tiene que ver con la adjudicación del contrato y que a nuestro juicio, porque yo comparto ese concepto, tiene una tipicidad más clara en el delito de contratos incumplimiento de los requisitos legales, que no está prescrito como tampoco estaría prescrito de mantenerse la hipótesis en ese segundo delito y lo que se pretende es ajustar la acusación alguna de estas hipótesis, para no tener dificultades en el juicio en términos básicos de buena adecuación”, señaló la fiscal Camargo.

La investigación se remonta a la época en que Héctor Zambrano, entonces secretario de Salud del Distrito y posteriormente condenado, intentó imponer el nombramiento de una persona en la alcaldía local de Usme, al sur de Bogotá, durante la gestión de Samuel Moreno. En octubre de 2024, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción presentó ante un juez de control de garantías a Sanguino y le imputó el delito de tráfico de influencias de servidor público, cargo que no aceptó, según una fuente de la Fiscalía.

Actualmente, el proceso judicial se encuentra en la sala de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia, donde la Fiscalía deberá presentar y sustentar los señalamientos en contra del ministro Sanguino, con el objetivo de obtener una condena. El caso forma parte de las investigaciones derivadas del escándalo del carrusel de la contratación, que ha implicado a varios exfuncionarios de la administración distrital de Bogotá y ha tenido repercusiones en la política nacional.