Escoltas tiroteados en Bogotá tendrían nexos con reconocidos zares de las esmeraldas que también fueron asesinados

En la localidad de San Cristóbal, en el barrio Horacio Orjuela, tres hombres asesinaron a Edwin Arnulfo García Marín, escolta de profesión, tras propinarle varios disparos.

De acuerdo con información del diario El Tiempo, el cuerpo de García Marín ingresó a Medicina Legal de Bogotá el domingo 1 de junio.

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El incidente ocurrió el viernes 30 de mayo, cuando el hombre de 53 años, se desplazaba con su madre y fue interceptado por sicarios cerca a una de las salidas de Bogotá, quienes le dispararon en la cabeza.

García Marín era empleado de la empresa Hidra Seguridad, señalada por tener en sus filas a varios excapos como escoltas, incluido Dionisio de Jesús Vera Olmos, desaparecido en Guayaquil, Ecuador.

Esta empresa se encuentra vinculada con el clan Molina, socios de los esmeralderos: Jesús Hernando Sánchez y Juan Sebastián Aguilar, ambos asesinados por francotiradores.

Entre las personas relacionadas con Hidra Seguridad destacan Edwin Bayardo Molina Castañeda, hijo de Ximena Castañeda, alcaldesa de Muzo y presidente de la Asociación de Productores de Esmeraldas Colombianas (Aprecol).

Asimismo, Carlos Julio Molina Murcia forma parte de la junta directiva de Esmeraldas Santa Rosa, una entidad antes vinculada a Sánchez y Pedro Pechuga, cercano a Sandra Ortiz, exconsejera para las regiones del gobierno de Petro.

Este asesinato no es un caso aislado. El 20 de mayo, Leonardo Castañeda Rojas, otro escolta de Hidra Seguridad, fue asesinado en el barrio Britalia, en la localidad de Kennedy, al recibir 11 disparos.

Fuentes en Boyacá indican que ambos asesinatos podrían estar conectados dentro de un conflicto interno en el mundo de las esmeraldas.

Estos hechos ponen de manifiesto la violencia que rodea al negocio de las esmeraldas en Colombia y los vínculos de empresas de seguridad con el crimen organizado.

En un impactante incidente ocurrido el domingo 6 de abril en el exclusivo conjunto residencial Bosques del Marqués, al norte de Bogotá, el empresario Jesús Hernando Sánchez, conocido por su rol en la industria de las esmeraldas, fue asesinado por un francotirador mientras se encontraba en el jardín de su casa.

El trágico suceso ha despertado numerosas alarmas dado el prestigioso legado de Sánchez, quien era heredero de Víctor Carranza Niño, famoso como el “zar de las esmeraldas”.

Según la publicación en Kienyke, Sánchez había sido previamente acusado de tener vínculos con actividades ilícitas, acusaciones que tanto él como su familia y equipo legal han negado de manera contundente.

Según informó El Tiempo, la carrera de Sánchez en el negocio de las esmeraldas se cimentó a través de su participación en dos grandes empresas.

Una de ellas, una colaboración con la extranjera Fura Gems en la mina Coscuez S.A. ubicada en el municipio de San Pablo de Borbur. La segunda, Empresa Esmeraldas Santa Rosa S.A., explotaba la mina Cunás en Maripí, Boyacá.

Además de su involucramiento en el negocio de las esmeraldas, Sánchez diversificó sus inversiones en ganadería y cultivos de arroz, expandiendo así su influencia en diversos sectores económicos.

A pesar de las defensas presentadas por su familia y círculo cercano, un funcionario de la Fiscalía General de la Nación ha puesto en entredicho la legalidad de las actividades empresariales de Sánchez.

Este testimonio sugiere una conexión con narcotraficantes, y las investigaciones del ente de control relacionan a Sánchez con el tráfico de cocaína hacia Europa y Estados Unidos. Según detalló El Tiempo, estas operaciones se habrían llevado a cabo a través de CI Perfect Emerald Ltda., una firma dedicada al comercio de piedras preciosas.

Adicionalmente, las investigaciones indican la posible utilización de una empresa como fachada para actividades ilícitas, incluidas operaciones de lavado de dinero. Esta entidad, con sede en Mozambique y Dubái, ha sido objeto de escrutinio, destacando su conexión con Sánchez.

Dubái, que ha enfrentado polémicas sobre ser un posible refugio para el lavado de activos, se ha mantenido bajo la atención pública, especialmente tras declaraciones del presidente de la República, Gustavo Petro. Según Petro, se habrían impartido órdenes desde esta ciudad para atentar contra él.

En respuesta a las serias acusaciones, los representantes legales de la familia Sánchez han negado estar al tanto de cualquier investigación en curso. En defensa de la memoria de Sánchez, ellos han presentado denuncias penales contra quienes han implicado al difunto empresario en actividades ilegales.

“Don Hernando me aseguró que no es cierto que tuviera vínculos con la mafia. Incluso, ya contrató a abogados expertos y a investigadores para proceder judicialmente contra un exfuncionario de la Fiscalía que está promoviendo en redes ese tipo de información falsa”, afirmaron, según reportó el medio citado.