El Consejo de Estado se encuentra evaluando cinco denuncias presentadas contra el Decreto 572 de 2025, que establece un anticipo en el pago de la retención en la fuente correspondiente al año 2026.
Las demandas buscan la suspensión provisional de la medida, argumentando que es inconstitucional y que el Gobierno habría excedido sus facultades al emitir el decreto.
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Los demandantes sostienen que esta disposición afecta principios fundamentales como la progresividad y la equidad tributaria, además de generar un impacto negativo en la economía del país.
De acuerdo con las denuncias, el decreto, expedido por el Ministerio de Hacienda, introduce nuevos umbrales de retención, incrementa las tarifas hasta un 4,5% y amplía la calidad de agentes retenedores a sujetos no contemplados en la legislación vigente.
Entre los principales opositores se encuentra el Centro Democrático, cuyo director, Gabriel Vallejo, presentó una demanda de nulidad acompañada de una solicitud de medida cautelar.
En el documento, Vallejo argumenta que la norma vulnera principios como la racionalidad, proporcionalidad y equidad tributaria, y pide que se suspendan los efectos del decreto mientras se emite un fallo definitivo.
El exsenador y precandidato presidencial David Luna también interpuso una acción jurídica contra el decreto, calificándolo de “confiscatorio” e “inconstitucional”.
Luna afirmó que la medida busca recaudar recursos para el Gobierno de cara a la próxima campaña presidencial, lo que, según él, representa una reforma tributaria encubierta que golpea directamente el bolsillo de los colombianos.
En la misma línea, el coronel retirado Carlos Javier Soler, exsecretario de Seguridad de Cali, presentó otra demanda, señalando que el decreto viola el principio de legalidad tributaria consagrado en la Constitución.
Soler solicitó la suspensión provisional del decreto para evitar lo que describió como “afectaciones irreparables al patrimonio de los ciudadanos y a la economía nacional”.
El impacto económico del decreto ha sido objeto de análisis por parte de diversos sectores. Según cálculos de Fedesarrollo, la medida podría representar un anticipo de aproximadamente 13,9 billones de pesos, equivalentes al 0,8% del Producto Interno Bruto (PIB).
Sin embargo, otras estimaciones, como las de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), proyectan un recaudo más moderado, entre 6 y 6,5 billones de pesos.
Por su parte, Corficolombiana estima que el monto podría alcanzar los 7 billones de pesos, aunque advierte que adelantar el recaudo no resolverá los problemas estructurales del presupuesto fiscal y podría agravarlos a mediano plazo.
En la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) también expresaron su rechazo al decreto, argumentando que carece de un soporte técnico sólido y que no se realizó un análisis de impacto económico antes de su implementación.
En una carta dirigida al ministro de Hacienda, Germán Ávila, la Andi señaló que la medida afectará la liquidez de las empresas, especialmente de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), y podría generar efectos negativos en la inversión y el empleo.
Además, se criticó la falta de consulta pública y debate técnico previo a la expedición del decreto, lo que, según el gremio, aumenta la incertidumbre y la litigiosidad tributaria.
El representante Óscar Villamizar y la senadora María Fernanda Cabal también se sumaron a las acciones legales contra el decreto.
Villamizar afirmó que la medida “ahorca” a los empresarios al duplicar o triplicar las retenciones en un corto periodo, mientras que Cabal calificó el decreto como una amenaza para las finanzas de los sectores productivos y del campo colombiano.
Ambos legisladores solicitaron la suspensión provisional del decreto y advirtieron sobre sus posibles consecuencias negativas para la economía del país.
Entre los principales argumentos de las denuncias se destacan tres puntos clave: la inconstitucionalidad del decreto, al considerar que el Ejecutivo excedió sus facultades y violó la separación de poderes; la afectación al principio de progresividad, ya que el anticipo impacta de manera desproporcionada a la clase media, los empleados formales y los pequeños empresarios; y el impacto negativo en la economía, debido a la reducción del ingreso disponible y las dificultades que enfrentan las empresas para cumplir con las nuevas obligaciones tributarias.
El decreto, que busca ajustar los porcentajes de retenciones y autorretenciones en el marco del impuesto sobre la renta, ha sido defendido por el Gobierno como una medida necesaria para fortalecer las finanzas públicas.
Sin embargo, los críticos insisten en que no se ha evaluado adecuadamente su efecto sobre el flujo de caja de las empresas ni su impacto a largo plazo en la economía nacional.
La Andi pidió al Ministerio de Hacienda reconsiderar el contenido del decreto y abrir espacios de diálogo con el sector privado para buscar alternativas que promuevan la formalización, la competitividad y el crecimiento sostenible.
Mientras el Consejo de Estado analiza las demandas y decide si concede las medidas cautelares solicitadas, el debate sobre la constitucionalidad y los efectos económicos del decreto continúa generando controversia en el ámbito político y empresarial.
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