El Concejo de Bogotá se sumó a las voces críticas frente a la intención del presidente Gustavo Petro de convocar por decreto una consulta popular previamente archivada en el Congreso.
A través de una carta firmada por 24 concejales de diferentes partidos, los cabildantes advirtieron sobre una posible extralimitación de funciones por parte del Ejecutivo y una inminente ruptura del equilibrio institucional.
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En el texto, que fue publicado por el concejal Julián Espinosa, y dirigido a la Corte Constitucional, la Registraduría Nacional, el Consejo de Estado y la Procuraduría, los concejales exigieron a estos órganos ejercer control y vigilancia sobre las decisiones presidenciales, en defensa del Estado de Derecho.
“El intento del presidente @petrogustavo de imponer una consulta por decreto, desconociendo los poderes públicos, vulnera la Constitución. Como concejales de Bogotá, defendemos la democracia, el equilibrio institucional y hacemos un llamado a respetar la Constitución”, dijo el cabildante.
En la carta, además, se lee: “Como concejales elegidos por voto popular, advertimos con preocupación los efectos que decisiones como la anunciada por el presidente de la República pueden generar en la legitimidad del orden institucional, la confianza ciudadana en el sistema democrático y la vigencia efectiva del Estado Social de Derecho”. señalaron.
Los firmantes recalcaron que el Congreso, como instancia legislativa suprema, ya había tomado una decisión sobre la consulta y que insistir en el mecanismo por vía de decreto era un acto incompatible con el marco legal.
“Pretender revivirla por medio de un decreto presidencial, sin competencia para ello, configura una conducta autoritaria que erosiona los pilares institucionales del Estado de Derecho. No es aceptable que, ante una decisión contraria a sus intereses, el presidente de la República intente oponerse desconociendo la separación de poderes”, afirmaron.
Los que firmaron la carta
Además, subrayaron la responsabilidad de Bogotá como capital del país y sede de los poderes públicos. “Bogotá no puede guardar silencio ante un acto que podría configurar una extralimitación de las funciones por parte del Ejecutivo y un desconocimiento del principio de separación de poderes consagrado en la Constitución”, advirtieron los cabildantes.
Entre los firmantes se encuentran los concejales: Julián Espinosa, Andrés Onzaga y Julián Sastoque (Partido Verde); María Victoria Vargas, Clara Lucía Sandoval y Darío Fernando Cepeda (Partido Liberal); Emel Rojas (Nueva Fuerza Democrática); María Clara Name (Polo Democrático Alternativo); Humberto Amín, Sandra Forero, Andrés Barrios, Julián Uscátegui, Diana Diago, Daniel Briceño y Óscar Ramírez Vahos (Centro Democrático); Juan Baena, David Saavedra, Juan David Quintero, Jesús David Araque y Cristina Calderón (Nuevo Liberalismo); Marco Acosta (Colombia Justa Libres); Fabián Puentes (MIRA) y Rolando González (Cambio Radical).
La carta refuerza el creciente rechazo político a una medida que, según los críticos, desconoce los límites del Ejecutivo y amenaza la estabilidad democrática del país.
Petro insiste en consulta por decreto: se avecina batalla jurídica
Pese al hundimiento en el Senado, el presidente Gustavo Petro anunció que expedirá un decreto para convocar la consulta popular sobre la reforma laboral, alegando que la votación fue inválida por presuntas irregularidades. El mandatario descalificó al presidente del Senado, Efraín Cepeda, y aseguró que “hicieron trampa”.
Una vez emitido el decreto, comenzará una intensa disputa legal. Según un reporte periodístico de La Silla Vacía, el registrador Hernán Penagos deberá decidir si lo acoge y organiza la elección o si espera un fallo judicial.
La Sala Quinta del Consejo de Estado, no la Corte Constitucional como afirmó Petro, será la encargada de evaluar la legalidad del decreto. Se anticipa una cascada de demandas, posiblemente con solicitudes cautelares para suspender su aplicación.
El decreto deberá incluir la fecha de votación, las 12 preguntas originales, reglas para la campaña, ley seca y asignación de funciones a la Registraduría y el CNE. Si Penagos lo acata, deberá solicitar recursos (unos 700 mil millones de pesos) al Ministerio de Hacienda y podría declarar una urgencia manifiesta para contratar la logística sin licitación.
La teoría jurídica detrás del “decretazo” es impulsada por el abogado Yefferson Dueñas, exmagistrado auxiliar de la Corte Constitucional, que ya había intentado tumbar la consulta anticorrupción de 2018. La oposición ha calificado la maniobra como un “golpe de Estado” institucional.
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