El anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la convocatoria de una consulta popular por decreto generó una fuerte reacción, entre muchos otros, del alcalde de Bucaramanga.
Por medio de un video, advirtió sobre los riesgos democráticos de la medida. Para el mandatario local, la decisión presidencial no solo pone en entredicho el orden institucional, sino que además representa una amenaza para la convivencia ciudadana.
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“La decisión que está tomando el presidente Petro es sumamente peligrosa, no solamente es antidemocrática y anticonstitucional, sino está llamando a enfrentar al pueblo contra el pueblo”, aseguró el alcalde en el pronunciamiento que publicó en sus redes.
En su mensaje, también alertó sobre las consecuencias que tendría debilitar el equilibrio entre poderes en el país. “No podemos caer en el abismo de que se vulnere la institucionalidad y la constitución por algunos caprichos de peleas ideológicas, que una rama pase por encima de la otra es supremamente grave”, sostuvo.
El alcalde fue enfático al afirmar que avanzar en una consulta popular sin el respaldo del Congreso implicaría romper con el mandato ciudadano y los principios del Estado de derecho.
“Pasar la consulta popular por decreto es una fractura a la institucionalidad y un desconocimiento a lo que el pueblo lo eligió”, concluyó.
Las declaraciones se sumaron al amplio coro de voces que desde distintos sectores políticos han rechazado la intención del presidente Petro de insistir en un mecanismo que fue archivado en el Senado.
Consulta popular en Colombia: los argumentos jurídicos que enfrenta el decreto presidencial impulsado por Gustavo Petro y la reacción de la Corte Constitucional
La decisión de Gustavo Petro de avanzar con la convocatoria a una consulta popular mediante un decreto presidencial se apoya en la premisa de que la Corte Constitucional debe ser la instancia encargada de resolver la legalidad del proceso, y no el Congreso.
Según informó El Espectador, la Presidencia de Colombia sostiene que la negativa del Senado a la consulta carece de validez, por lo que el Ejecutivo prepara un decreto que argumenta la ilegitimidad de la decisión legislativa y busca que el alto tribunal sea quien determine el futuro de la iniciativa.
La controversia se origina en la ruta elegida por el mandatario para someter a consideración ciudadana temas de interés nacional. Aunque expertos en derecho constitucional han advertido durante semanas que la vía del decreto presidencial no cumple con los requisitos legales, ya que la Constitución exige la aprobación previa del Senado para este tipo de mecanismos de participación, la Casa de Nariño ha optado por fundamentar su decisión en interpretaciones jurídicas alternativas.
Lo que Presidencia argumenta es que la votación en el Congreso que hundió la consulta popular se realizó de manera irregular, lo que, a su juicio, invalida el resultado. Por este motivo, el Ejecutivo no reconoce la decisión del Legislativo y considera que la última palabra debe recaer en la Corte Constitucional.
El decreto que prepara el Gobierno incluirá estos y otros argumentos jurídicos, con el objetivo de sustentar la convocatoria directa a la consulta.
Diversos constitucionalistas han señalado que el procedimiento adoptado por el presidente Petro podría enfrentar serios obstáculos legales, ya que la Constitución establece de manera explícita la necesidad de contar con el aval del Senado para convocar consultas populares de carácter nacional.
La insistencia del Ejecutivo en avanzar sin este requisito ha sido interpretada por algunos sectores como un desafío a la institucionalidad y a la separación de poderes.
A su vez, el desenlace dependerá en gran medida de la interpretación que haga la Corte Constitucional sobre los argumentos presentados por el Gobierno y sobre la legalidad del procedimiento adoptado.
Mientras tanto, el debate continúa abierto tanto en el ámbito jurídico como en el político, con posiciones encontradas sobre la legitimidad y la viabilidad de la consulta impulsada por el presidente Gustavo Petro.
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