
Andrés Felipe Marín Silva, conocido en el mundo del crimen como “Pipe Tuluá”, fue trasladado en la mañana del miércoles 4 de junio desde la cárcel La Picota de Bogotá a una estación de Policía en la capital del país, en medio de un fuerte operativo de seguridad.
El traslado marca el paso final antes de su inminente extradición a Estados Unidos, donde es requerido por cargos presuntamente relacionados con el narcotráfico.
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La operación se llevó a cabo entre las 6:00 y las 7:00 de la mañana, cuando un contingente de la Policía Nacional ingresó al Pabellón de Alta Seguridad de La Picota, donde estaba recluido el líder de la organización criminal La Inmaculada.
Según confirmaron fuentes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), la movilización se realizó con apoyo aéreo para evitar cualquier riesgo durante el traslado, dada la peligrosidad del detenido. Además, se informó que otros miembros de la estructura criminal fueron enviados a distintos centros de reclusión del país, con el fin de desarticular la red interna de control que Marín Silva había establecido.

Actualmente, “Pipe Tuluá” se encuentra bajo custodia en la estación de Policía de Los Mártires, ubicada en el centro de Bogotá, mientras se concretan los últimos trámites de su extradición hacia territorio estadounidense.
El poder criminal detrás de La Inmaculada
Marín Silva no es un criminal cualquiera. Su nombre ha estado vinculado a múltiples delitos, incluyendo asesinatos, extorsiones y tráfico de estupefacientes, cometidos principalmente en el municipio de Tuluá y en otros sectores del Valle del Cauca. Según informes periodísticos y de inteligencia, su liderazgo dentro de La Inmaculada fue clave para el control territorial y la expansión de las actividades delictivas de esa estructura.
Dentro de la cárcel La Picota, su poder también era evidente. Semana reveló que Marín Silva no solo contaba con una celda privada, sino que había logrado mantener un rol de mando entre los internos, aprovechando su influencia para obtener beneficios y organizar acciones violentas. Entre estas, se encuentra la creación de un grupo denominado “Muerte a Guardias Opresores”, una especie de escuadrón interno encargado de amenazar o atentar contra funcionarios penitenciarios que no acataran sus exigencias.
Extradición tras una paz fallida

Antes de su traslado, Marín Silva había intentado figurar como un interlocutor en los diálogos con el Gobierno nacional en el marco de la política de Paz Total del presidente Gustavo Petro. A través de una carta enviada a W Radio, e incluso en entrevistas desde prisión, manifestó su intención de contribuir a un proceso de pacificación carcelaria. “Quiero contar la verdad en mesa de paz”, aseguró en una comunicación exclusiva.
No obstante, estos esfuerzos no prosperaron. La participación de “Pipe Tuluá” en dichos diálogos fue vista por algunos sectores como una maniobra para obtener beneficios judiciales o mantener su poder desde prisión.
Al no consolidarse ningún acuerdo concreto, su liderazgo regresó a una dinámica más violenta, intensificando sus amenazas y acciones dentro del sistema penitenciario.

Uno de los hallazgos más preocupantes revelados por la revista Semana es que “Pipe Tuluá” habría ordenado un plan pistola contra la guardia del Inpec, programado para iniciarse el 23 de diciembre de 2024. Esta instrucción se habría dado desde su lugar de reclusión en el pabellón de extraditables.
El proceso de extradición, que se espera se concrete en las próximas horas, se da en un contexto de creciente presión sobre el Gobierno para controlar el poder de las bandas criminales al interior de las cárceles colombianas y evitar que estructuras como La Inmaculada sigan operando desde centros de reclusión.
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