La Alianza de Asociaciones y Gremios Aliadas expresó su preocupación ante el anuncio del presidente Gustavo Petro de convocar una consulta popular mediante decreto, a pesar de que esta iniciativa fue rechazada previamente por el Senado de la República.
Según un comunicado emitido por la agremiación, esta decisión compromete la separación de poderes y pone en riesgo el Estado de derecho en Colombia.
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La organización enfatizó que cualquier intento de ignorar lo decidido por el Congreso constituye una vulneración al orden constitucional y al principio democrático que exige el respeto a las reglas establecidas.
“La Constitución no admite atajos: se cumple, no se interpreta a conveniencia”, dice el documento publicado por Aliadas.
De acuerdo con el comunicado, la Constitución no permite interpretaciones que se ajusten a conveniencias particulares, y las decisiones del Congreso deben ser acatadas en su totalidad.
La Alianza subrayó que ni las instituciones, ni los funcionarios, ni los poderes del Estado están por encima de la Constitución.
“El principio democrático exige que las reglas se respeten, incluso cuando las decisiones no sean compartidas. Nadie está por encima de la Constitución: Ni las instituciones, ni los funcionarios, ni los poderes del Estado”, se observa en el comunicado emitido por Aliadas.
Además, alertaron sobre el impacto que tendría destinar recursos públicos a una consulta que ya fue rechazada, especialmente en un contexto de déficit fiscal severo y con necesidades urgentes en sectores como salud, educación, empleo y seguridad.
El anuncio del presidente Petro ha generado un debate sobre los límites del poder ejecutivo y la importancia de respetar el marco constitucional.
Según Aliadas, cualquier reforma legítima debe construirse dentro de la ley y no al margen de ella.
En este sentido, hicieron un llamado a las autoridades competentes para que actúen con celeridad y dentro de sus funciones constitucionales y legales.
“Desde Aliadas gremio de gremios, reiteramos nuestro compromiso con la legalidad y el respeto por el orden constitucional. Hacemos un llamado a las autoridades competentes a actuar con celeridad, en el marco de sus funciones constitucionales y legales”, se lee en el documento.
Entre las instituciones mencionadas se encuentran la Corte Constitucional, encargada del control de constitucionalidad; el Consejo de Estado, como juez supremo de lo contencioso administrativo; la Registraduría Nacional, responsable de organizar los mecanismos de participación; la Procuraduría General de la Nación, que vigila la conducta oficial; y la Contraloría General de la República, encargada del control fiscal sobre los recursos públicos.
El comunicado también destacó la necesidad de que todas las decisiones en el país se adopten dentro del marco constitucional, promoviendo el diálogo, la corresponsabilidad y el respeto institucional.
Aliadas reiteró su compromiso con la legalidad y el orden constitucional, señalando que la defensa de la democracia, la independencia de poderes y el Estado de derecho es una responsabilidad compartida entre ciudadanos, líderes sociales, empresarios, trabajadores e instituciones.
“Colombia solo podrá avanzar si todas las decisiones se adoptan dentro del marco constitucional, con diálogo, corresponsabilidad y pleno respeto institucional. Las reformas legítimas deben construirse con la ley, no al margen de ella”, se agregó en el documento.
En su mensaje, la agremiación enfatizó que la protección de la Constitución no es opcional, sino una obligación colectiva. Instaron a la ciudadanía a alzar sus voces con firmeza, pero siempre dentro del marco legal y con un profundo compromiso democrático.
Según el comunicado, el futuro de Colombia no puede ser impuesto mediante decretos, sino que debe construirse con la Constitución como base común para garantizar la estabilidad y el progreso del país.
La propuesta de consulta popular, rechazada por el Senado, ha generado cuestionamientos sobre las prioridades del Gobierno en un momento en el que el país enfrenta múltiples desafíos económicos y sociales.
La Alianza advirtió que destinar recursos a esta iniciativa contradice las necesidades más urgentes de la población y podría agravar la situación fiscal. En este contexto, insistieron en que las reformas deben ser producto de consensos legales y no de decisiones unilaterales que pongan en riesgo el equilibrio institucional.
Finalmente, la Alianza de Asociaciones y Gremios Aliadas reafirmó su posición de que el respeto a la Constitución y al orden democrático es esencial para el desarrollo de Colombia. Subrayaron que cualquier intento de eludir las decisiones del Congreso no solo afecta la separación de poderes, sino que también socava los principios fundamentales que sostienen el Estado de derecho.
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