Roy Barreras se pronunció sobre el pago por horas a trabajadores en Colombia: “Es una grosería”

La propuesta de incluir el pago por horas en la reforma laboral que actualmente se discute en el Congreso de la República ha desatado una fuerte controversia en Colombia, generando el rechazo de importantes figuras políticas y centrales sindicales.

Por ejemplo, el embajador de Colombia en Londres, Roy Barreras, fue una de las voces que alzó la voz calificando la medida como una “grosería” y un retroceso para los derechos de los trabajadores.

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La postura de Barreras, expresada a través de su cuenta de X, se centró en la preocupación por la precarización laboral: “Permitir que a los asalariados los rebajen a pagarles por horas es una grosería”.

Su argumento principal es que, en lugar de mejorar las condiciones de los trabajadores que ganan menos del salario mínimo, esta medida podría arrastrar a quienes ya lo perciben a una situación de ingresos aún más inestables.

Por tal motivo, Barreras enfatizó la necesidad de un “régimen mixto y diferente para los independientes y para los asalariados”, sugiriendo que la uniformidad en este punto sería perjudicial.

La preocupación de Roy Barreras se conoció luego de que el propio presidente Gustavo Petro, en la tarde del 2 de junio de 2025, se desmarcó de la propuesta, dado que afirmó que lo que se tramita en el Senado “no es mi reforma laboral”.

Petro fue aún más contundente al señalar que el artículo de la contratación por horas “la derriba toda”, ya que, según él, “hace inocuo el salario mínimo, la jornada diaria de 8 horas, las horas extras, y sobre todo la estabilidad laboral”.

Anteriormente, el presidente ya había manifestado su descontento, compartiendo una imagen publicada por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) y calificando el trabajo por horas como “un mayor retroceso que los contratos basura y la ley 50, juntas”.

Para Petro, esta inclusión convertiría la reforma laboral en una “verdadera contrarreforma de las más atrasadas de las que se han visto”, equiparándola con propuestas del gobierno de Iván Duque que no fueron aprobadas en el Congreso anterior.

La imagen compartida por el presidente Petro se trató de un comunicado de las principales centrales sindicales de Colombia: la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación General del Trabajo (CGT), la Confederación de Pensionados de Colombia (CPC) y la Confederación Democrática de Pensionados (CDP), lideradas por Fecode.

El documento, titulado De Reforma Laboral por el Trabajo Digno y Decente a Contrarreforma Hecha a Medida del Empresariado, no escatimó en críticas y condenas.

Ante tal escenario, las centrales sindicales no pidieron “cualquier reforma laboral”, sino una que “recupere derechos que nos fueron arrebatados”, citando específicamente las leyes 50 de 1990 (de César Gaviria) y 789 de 2002 (de Álvaro Uribe Vélez).

Por lo que exigieron estabilidad laboral, formalización de jóvenes aprendices, madres comunitarias, artistas, deportistas, conductores, trabajadores domésticos y repartidores, así como la reducción de la tercerización y la garantía de la libertad sindical.

Aunque la Cámara de Representantes había mantenido la recuperación de recargos nocturnos y dominicales, el panorama en el Senado, según los sindicatos, es “diferente”.

El comunicado acusó a la Comisión Séptima del Senado de haber “traicionado nuestras aspiraciones”, al no solo debilitar el proyecto de reforma, sino al aprobar una “contrarreforma laboral escrita por y para el poderoso empresariado y gremios económicos”.

En el documento, se lee que califican la propuesta como “regresiva, peligrosa e inaceptable” por varias razones:

• Habilita el trabajo por horas: el artículo 37 es señalado como el principal culpable de acabar con derechos históricos, eliminando el salario mínimo de subsistencia, la seguridad social por cotización, y la estabilidad laboral.
• Elimina vacaciones y primas: argumentan que un trabajador por horas no acumularía el tiempo ni los ingresos para vacaciones, y el pago anticipado de primas y cesantías se convertiría en una “pérdida definitiva” del ahorro forzoso.
• Niega formalización y debilita la defensa: acusan la eliminación de artículos que buscaban la formalización de trabajadores de la salud y el transporte, y el debilitamiento de la defensa de los trabajadores en procesos disciplinarios.
• Revive el Piso de Protección Social: bajo el nuevo nombre de Unidad de Trabajo Especial (UTE) en el artículo 38, los sindicatos denuncian que se autorizan contratos por debajo del salario mínimo, lo que “convierte a los trabajadores en pobres estructurales”.
• Contratos a término fijo a 5 años: se amplían los contratos a término fijo, lo que, según los sindicatos, es una “burla al contrato a término indefinido”.
• Excepciones a recargos: aunque se mantuvo el recargo nocturno y dominical, se denuncia la intención de eliminarlo para trabajadores de MiPyMEs en sectores como comercio, hotelería y vigilancia, lo que “harían trizas definitivamente la reforma laboral del Gobierno del Cambio”.