Procuraduría investiga a exrector por caso de abuso sexual en colegio de Bogotá: lo señalan de presunta omisión ante la denuncia

La investigación disciplinaria que involucra a Jairo Orlando Rodríguez Ravelo, exrector del Colegio Liceo Nacional Agustín Nieto Caballero, en Bogotá, se centra en determinar si el directivo incurrió en omisiones tras el reporte de un presunto abuso sexual contra una menor de edad en la institución.

Según la Procuraduría General de la Nación, el proceso busca esclarecer si el entonces rector actuó conforme a sus responsabilidades o si dejó de tomar medidas adecuadas tras conocer la denuncia, lo que podría constituir una falta disciplinaria.

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción señaló que los hechos ocurrieron en la localidad de Los Mártires y que el rector habría tenido conocimiento de la situación únicamente a través de los padres de la víctima.

Según el comunicado de la Procuraduría, “el entonces rector supuestamente no adelantó acciones tendientes al cuidado y control que le correspondía como titular de la institución, y de los que al parecer solo tuvo conocimiento a través de información de los padres de la víctima de la agresión”.

La apertura de la investigación disciplinaria, ordenada el 2 de junio de 2025, responde a la necesidad de verificar la veracidad de los hechos denunciados y establecer si estos configuran una falta disciplinaria por parte del directivo.

Según detalló la Procuraduría General de la Nación, el objetivo de esta etapa procesal es “verificar la ocurrencia de los hechos denunciados, establecer si son constitutivos de falta disciplinaria; y definir si el disciplinable actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”.

El caso se remonta a agosto de 2023, cuando se conoció la presunta violación de una estudiante dentro de la institución educativa.

La Procuraduría indicó que el rector habría incurrido en comportamientos omisivos al no tomar medidas inmediatas para proteger a la menor y garantizar el control institucional tras el reporte del incidente.

La Entidad enfatizó la importancia de que los directivos escolares actúen de manera diligente ante situaciones que comprometan la integridad de los estudiantes.

La investigación disciplinaria implica la recolección y análisis de pruebas para determinar la responsabilidad del exrector. El proceso, según la Procuraduría General de la Nación, incluye el decreto de pruebas y la evaluación de si el rector actuó bajo alguna causal que excluya su responsabilidad.

La entidad explicó: “Con el desarrollo de esta etapa procesal y el decreto de pruebas ordenado por el Ente de control se busca verificar la ocurrencia de los hechos denunciados, establecer si son constitutivos de falta disciplinaria; y definir si el disciplinable actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”.

El caso ha generado preocupación en la comunidad educativa y en la opinión pública, debido a la gravedad de las acusaciones y al papel que deben desempeñar los directivos escolares en la protección de los estudiantes.

La Procuraduría investiga si la falta de acción del rector constituyó una omisión grave en el cumplimiento de sus deberes como responsable del colegio.

La localidad de Los Mártires, donde se ubica el Colegio Liceo Nacional Agustín Nieto Caballero, ha sido escenario de este proceso que pone en el centro del debate la responsabilidad de los directivos frente a denuncias de abuso sexual en entornos escolares.

Un profesor de educación física, identificado como Jorge Enrique Alvarado Cañón, fue enviado a prisión tras ser acusado de abusar sexualmente de una menor de edad en un colegio de Bogotá.

La Fiscalía General de la Nación confirmó que un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento carcelario contra el docente, quien enfrenta cargos por actos sexuales violentos agravados, actos sexuales abusivos, pornografía infantil con menor de 18 años y utilización ilícita de redes de comunicación.

Los hechos investigados ocurrieron entre octubre y noviembre de 2024, periodo en el que el acusado impartía clases en la institución educativa.

El profesor habría aprovechado su posición jerárquica para ganarse la confianza de la víctima y, posteriormente, obligarla a realizar fotografías y videos de contenido sexual en uno de los salones donde se almacenaban los materiales de educación física.

La menor fue forzada a participar en estos actos en contra de su voluntad. Tras desvincularse del colegio, el docente buscó a la menor y comenzó a enviarle mensajes de carácter sexual a su teléfono móvil.