La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, por presuntas irregularidades relacionadas con la compra de un apartamento en el norte de Bogotá y posibles conflictos de intereses vinculados a la firma Pricenton International Holding.
Según informó el ente de control, el inmueble habría sido adquirido por un valor inferior al estimado, lo que podría implicar un favorecimiento hacia el representante de la compañía, Serafino Lacono, que mantiene vínculos comerciales con la petrolera colombiana.
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De acuerdo con la denuncia presentada, el apartamento fue adquirido por $1.800 millones, una cifra que, según la queja, estaría por debajo del valor real de mercado. Este hecho fue calificado como una “compraventa ficticia”, lo que sugiere un posible beneficio indebido para Lacono, que, además de liderar Pricenton International Holding, ha ocupado altos cargos en empresas como Pacific Rubiales y Gran Colombia Gold, y es propietario de Lewis Energy, una compañía que opera campos de petróleo y gas en Colombia desde hace décadas.
Con base en el documento expedido por la Procuraduría, Lacono también tiene contratos de exploración y producción de hidrocarburos con Ecopetrol y su filial Hocol, específicamente en el bloque SINU-9. El proceso disciplinario también busca determinar si Roa, antes de asumir la presidencia de Ecopetrol, informó sobre este posible conflicto de intereses, dado que las decisiones que tomaría en su cargo podrían haber beneficiado a empresas vinculadas a Lacono.
La Procuraduría solicitó información detallada sobre los contratos firmados entre Ecopetrol y las compañías relacionadas con el empresario. La denuncia que dio origen a la investigación contra Roa fue presentada el 28 de diciembre de 2023 por un ciudadano identificado como Duverney Ardila Germán de Ribon.
En ella, se señala que la compra del apartamento y los vínculos de Lacono con Ecopetrol podrían configurar un conflicto de intereses. La Procuraduría enfatizó la necesidad de esclarecer si las decisiones tomadas por Roa en su calidad de presidente de la compañía pudieron haber favorecido a empresas con las que Lacono tiene relaciones comerciales.
Otra investigación en curso contra Ricardo Roa
Además de esta investigación, el Ministerio Público ordenó una inspección en las instalaciones de Ecopetrol como parte de otro proceso disciplinario relacionado con un contrato de consultoría firmado con la firma de abogados Covington & Burling LLP.
Este contrato, cuyo objetivo inicial era analizar el impacto reputacional de Ricardo Roa como presidente de la compañía, habría sido modificado sin la autorización de la junta directiva. Según el ente de control, el análisis incluyó la retención de correos electrónicos y documentos de al menos 70 altos funcionarios de la empresa, incluidos miembros de la junta directiva.
El contrato con Covington & Burling LLP tuvo un costo aproximado de 5 millones de dólares y, según la Procuraduría, su modificación podría haber sido utilizada como una estrategia para interceptar comunicaciones internas dentro de la estatal petrolera. Por este motivo, el organismo de control inició la recolección de pruebas para confirmar o descartar las presuntas irregularidades y determinar la responsabilidad de los involucrados.
En el desarrollo de estas investigaciones, la Procuraduría solicitó la colaboración de Ecopetrol para facilitar el acceso a la documentación requerida y proporcionar un espacio adecuado para llevar a cabo las diligencias. La inspección disciplinaria se programó para el miércoles 4 de junio a las 8:30 a. m., con el objetivo de recolectar pruebas documentales que permitan avanzar en el proceso.
Este no es el único escándalo que ha salpicado a Ricardo Roa durante su gestión al frente de Ecopetrol. Según reportes, su director de cumplimiento, Alberto José Vergara, también se ha visto implicado en las acusaciones relacionadas con las interceptaciones de comunicaciones internas. La Procuraduría señaló que continuará investigando estos hechos para determinar la procedencia de posibles sanciones disciplinarias.
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