La Corte de Apelaciones de Guatemala, a través de su Sala Tercera, emitió una orden de captura contra la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, y el embajador ante el Vaticano, Iván Velásquez, quien también fue ministro de Defensa.
La medida está vinculada a presuntos delitos cometidos durante el periodo en que ambos participaron en investigaciones judiciales en ese país. La decisión provocó una fuerte resonancia en medios de comunicación y círculos políticos.
Esta situación ha provocado todo tipo de comentarios y reacciones e, incluso, discusiones entre personalidades políticas.
En ese sentido, la senadora del Pacto Histórico María José Pizarro contestó a un mensaje de la precandidata presidencial y periodista Victoria Eugenia Dávila Hoyos conocida como Vicky Dávila, en la que había comentado el tema. “Es comprensible el odio”, comentó la legisladora en una publicación de X.
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La periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila se refirió a la orden de captura emitida en Guatemala contra Luz Adriana Camargo e Iván Velásquez.
A través de sus redes sociales, aseguró que ambos deberán responder ante la justicia guatemalteca y planteó que, tras un eventual cambio de Gobierno, podrían ser extraditados.
Dávila comparó la situación con los procedimientos de cooperación judicial que Colombia ha aplicado en otros casos.
“Les queda 1 año de impunidad. El 7 de agosto del próximo año, los mandamos a Guatemala en un vuelo comercial, esposados, como corresponde con los extraditados, para que respondan ante la justicia de ese país por sus presuntos crímenes. Así como mandamos a miles de narcos a Estados Unidos, y pedimos a bandidos colombianos en extradición desde otros países, debemos cumplir con nuestro deber de cooperación”, escribió Dávila.
Dávila cerró su mensaje con un llamado a reforzar la cooperación internacional en materia judicial y a no permitir privilegios en la aplicación de la ley. Según escribió, “Colombia debe fortalecer sus alianzas en la lucha contra el crimen transnacional. Se acabó la impunidad de cuello blanco y de los politiqueros”.
La senadora María José Pizarro respondió al pronunciamiento de Vicky Dávila con una defensa de la trayectoria de Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo en la lucha contra estructuras de poder vinculadas a la ilegalidad. En su mensaje, sugirió que las críticas hacia ambos funcionarios responden a la incomodidad que generan sus investigaciones en sectores influyentes.
“Es comprensible el odio de @VickyDavilaH contra Iván Velásquez. Toda su vida la ha dedicado a perseguir poderes mafiosos, justo lo que a ella no le gusta, que la justicia avance. Velásquez lo hizo en Antioquia, en Colombia y en Guatemala, junto a la hoy fiscal Luz Adriana Camargo. Por tocar los intereses de los poderosos, enfrentan hoy represalias”, contestó la legisladora perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República por medio de su cuenta de la red social X.
Pizarro cerró su mensaje acusando a Vicky Dávila de respaldar a sectores que históricamente han buscado frenar los avances judiciales contra estructuras ilegales. “Una vez más, la candidata se alinea con esos intereses. Para ella, es inaceptable que se investigue y sancione a paramilitares y corruptos”, escribió la senadora.
Y es que, el lunes 2 de junio de 2025, José Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Guatemala, emitió una orden de captura contra la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, y el embajador ante el Vaticano, Iván Velásquez, quien también fue ministro de Defensa. Las autoridades guatemaltecas anunciaron que solicitarán su extradición al Gobierno colombiano y pedirán a Interpol la emisión de una circular roja. Ambos son requeridos por actuaciones que tuvieron durante su participación en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones adoptó la decisión tras una solicitud presentada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), adscrita al Ministerio Público del país centroamericano. Curruchiche aseguró que la investigación está relacionada con el caso de Odebrecht, y que por eso se les imputa los delitos de “asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión”.
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