José Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), ordenó el lunes 2 de junio de 2025 la captura de Luz Adriana Camargo, fiscal General de Colombia, e Iván Velásquez, exministro de Defensa y actual embajador del país en el Vaticano.
Al respecto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció en su cuenta de X. El mandatario comparó a la Fiscalía de Guatemala con la administración del exfiscal Francisco Barbosa, que, según él, “obedecen al crimen y no a las ciudadanías”.
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“La fiscalía de Guatemala como la fiscalía de Colombia en tiempos de Barbosa, como la fiscalía que apresó al presidente Pedro Castillo, y otras, obedecen al crimen y no a las ciudadanías (SIC)”, aseveró el jefe de Estado.
Según el jefe de Estado, “las multinacionales del narcotráfico” presuntamente quieren tomarse los poderes judiciales. Gustavo Petro aseguró que los crímenes cometidos contra Latinoamérica debe ser investigados por la justicia penal.
“Las multinacionales del narcotráfico intentan tomar los poderes judiciales y los gobiernos para hacer y lavar en la impunidad sus negocios ocultos. Los crímenes cometidos por las mafias, contra el pueblo latinoamericano son crímenes de lesa humanidad, son crímenes internacionales y deben ser juzgados por la justicia penal internacional a la que se debe ayudar a financiar y fortalecer”, aseveró el presidente Petro.
El mandatario colombiano culminó su pronunciamiento invitando a los “abogados independientes” con el propósito de redactar una causa penal contra las multinacionales que señaló el presidente Petro.
“Invito a equipos de abogados independientes a redactar la primera causa penal contra las multinacionales de la mafia para que sean juzgadas y condenadas en tribunal internacional”, puntualizó Gustavo Petro.
El pronunciamiento del jefe de Estado se da en respuesta al comunicado del Gobierno de Guatemala, que rechazó las órdenes de captura contra Iván Velásquez, exministro de Defensa y actual embajador de Colombia en el Vaticano, y Luz Adriana Camargo, fiscal General de la Nación del país.
Qué dijo el Gobierno de Guatemala
Luego de la controversia que provocaron las órdenes de captura contra la fiscal General en Colombia, Luz Adriana Camargo, y el embajador de Colombia en el Vaticano, Iván Velásquez, por decisión de un tribunal en Guatemala, el propio Gobierno del país centroamericano rechazó esa decisión que se conoció el lunes 2 de junio.
A través de un comunicado que publicaron en la noche señalaron que la decisión de Sala Tercera de Apelaciones carecía de “sustento legal” y se trataba de una trama corrupta por parte de su Ministerio Público.
“Estas medidas carecen de sustento legal y vulneran el Acuerdo entre la Organización delas Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), así como los propósitos y principios de la justicia y Derecho Internacional, contenidos en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos”, aseveraron de entrada.
Además sostuvieron que se trata de un entramado para encubrir los hechos de corrupción que investigaron en su momento los dos servidores públicos colombianos y que relacionaban a exfuncionarios de alto nivel en el país centroamericano con la constructora brasileña Odebrecht.
“Estas acciones se realizan con un evidente objetivo político, sin respaldo en el ordenamiento jurídico nacional e internacional y se suman a la seguidilla de actuaciones por parte del Ministerio Público, la Fiscal General de la República y jueces asociados a la corrupción que han tergiversado el sentido de la justicia en Guatemala, poniendo de manifiesto la criminalización y abuso del derecho penal, tantas veces señalado y sancionado en el ámbito nacional e internacional”, afirmaron.
Finalmente indicaron que ya estaban en contacto con el Gobierno colombiano para iniciar los respectivos procesos contra las mencionadas decisiones judiciales.
“Ya se está en contacto con las autoridades del país hermano de Colombia para hacer ver las objeciones y aclaraciones diplomáticas que correspondan, en el ánimo de no afectar la honra de la Nación como producto de este irresponsable y espurio acto del Ministerio Público”, concluyeron.
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