Gustavo Petro programó nuevo Consejo de Ministros para el martes 3 de junio: se abordará la reforma pensional

El martes 3 de junio de 2025, el Gobierno colombiano, liderado por el presidente Gustavo Petro, una nueva sesión de su Consejo de Ministros, la cual será transmitida en vivo desde la Casa de Nariño y tendrá como eje central la reglamentación de la reforma pensional, que entrará en vigor el 1 de julio de 2025.

Según informó la Oficina de Prensa de la Presidencia, el encuentro se desarrollará en la Casa de Nariño, a partir de las 6:00 p.m., en donde la sesión será televisada, a través de los canales oficiales de la Presidencia de la República, Rtvc, Señal Colombia y el Canal Institucional, siguiendo la línea de transparencia que el gobierno ha buscado imprimir a estos encuentros, que se han vuelto habituales y han generado debate público por su formato y contenido.

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“Esta noche tendremos un nuevo Consejo de Ministros televisado, conéctate y conoce de primera mano los detalles sobre la Reforma Pensional, que empezará a implementarse desde el 1 de julio”, señaló la Presidencia de Colombia en su cuenta de X, antes conocido como Twitter.

Se espera que en esta sesión se discutan los detalles finales para la implementación de la reforma, que introduce un nuevo sistema de pilares, otorga nuevas funciones a Colpensiones y modifica tanto los aportes de los trabajadores como el esquema de ahorro individual.

Uno de los cambios más relevantes de la nueva ley es la incorporación del Banco de la República en la administración del pilar contributivo. Esta entidad operará de manera autónoma, aunque bajo la supervisión del Ministerio de Hacienda, lo que representa una transformación significativa en la gestión de los fondos pensionales.

De igual forma, la reforma también introduce mecanismos para reconocer el trabajo no remunerado de las mujeres, a través de créditos de cuidado, y establece una prestación no contributiva destinada a los sectores más vulnerables de la población.

Luego de surtir su trámite en el Congreso de la República, así como su posterior sanción por el presidente Gustavo Petro en junio de 2024, el futuro del proyecto liderado por el Gobierno nacional parece incierto, ya que la Corte Constitucional debe pronunciarse sobre más de 40 demandas admitidas en contra de la ley mencionada.

El alto tribunal aún no ha emitido su concepto sobre la normativa, debido a la cantidad de demandas presentadas contra la reforma. Más de 100 en total, de las cuales, más de 40 han sido aceptadas para estudio, según datos proporcionados por Camilo Cuervo, socio de Holland & Knight, en diálogo con el medio La República.

Entre las demandas más destacadas se encuentra la presentada por la senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, cuyo proyecto de sentencia se encuentra en la oficina del magistrado Jorge Enrique Ibáñez.

En su oficio presentado ante la Corte, la congresista de oposición sostiene que, durante la expedición de la ley, se habrían vulnerado principios constitucionales, especialmente en lo relativo a la falta de debate suficiente en la Cámara de Representantes.

Por su parte, el senador Miguel Uribe (Centro Democrático) aseveró que la reforma se impuso sin el debate democrático que requiere un proyecto de tal magnitud, al ignorar más de 500 proposiciones presentadas por los congresistas y que se adoptó el texto aprobado por el Senado sin discutir la proposición correspondiente.

“Lejos de promover un debate amplio y participativo, la reforma fue impuesta sin la discusión democrática que exige un proyecto de tal envergadura”, indicó el precandidato presidencial de la misma colectividad.

A pesar de las dudas legales, el Gobierno Petro prevé utilizar la transmisión del Consejo de Ministros para subrayar el apoyo recibido por parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a la nueva ley de pensiones.

El organismo internacional consideró que la reforma cumple con los estándares mínimos de seguridad social internacional y destacó la integración de regímenes, el reconocimiento del trabajo no remunerado de las mujeres mediante créditos de cuidado y la creación de una prestación no contributiva para las poblaciones más vulnerables.