Las tensiones entre el Congreso y el Gobierno nacional, encabezado por Armando Benedetti, ministro del Interior, por la decisión del Senado sobre la consulta popular, continúa dejando de qué hablar.
A través de su cuenta de X, el jefe de la cartera acusó al Congreso de incurrir en prácticas irregulares, fraude y otras “jugaditas”.
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El Ministro sostiene que estas acciones impiden a los trabajadores colombianos recuperar sus derechos laborales, algo que asegura es mínimo que merece ser restaurado.
En horas de la mañana del martes 3 de junio, el asunto recibió respuesta del presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien afirmó que llevar a cabo una consulta popular por decreto constituiría un “exabrupto” y un “golpe” contra los poderes legislativo y judicial.
En medio de una rueda de prensa, Cepeda explicó que “sería un exabrupto, una ruptura en los poderes públicos, no solo es un golpe contra el legislativo que aprobó legítimamente así fuera por dos votos, eso les ha dolido muchísimo, el rechazo a la consulta”.
“Si no contra el poder judicial, es el que tiene que conocer de presuntas irregularidades, escuché al senador de la Calle calificarlo como golpe de Estado, creo que son las estrategias gubernamentales, si la firman no tendrá vida jurídica, de manera que sean serios porque vamos a discutir la segunda consulta que radicaron, sino que avisen”, agregó el presidente del Senado.
Además, Efraín mencionó que ante el inminente decreto de convocatoria de consulta popular según el plan del Gobierno: “No se puede acudir al pueblo sin el permiso del Senado y el Senado no lo dio. Yo no creo que la Registraduría se preste para una consulta espuria como esa. Estoy seguro de que la Registraduría no se prestará para hacer una consulta espuria como esa”.
¿Qué dijo el ministro del Interior?
Según publicó Benedetti en su cuenta de X, el Congreso carece de intenciones para restaurar los derechos laborales de los trabajadores, atribuyendo esta situación a las irregularidades y maniobras presentes en el Congreso.
Esta crítica se expresó en un contexto de huelgas, mientras Benedetti asegura que no solo él, si no muchos otros comparten la percepción de falta de garantías y transparencia por parte del Senado.
En un comentario adicional, Benedetti indicó que dos expresidentes de la Corte Constitucional respaldan la posibilidad de convocar la consulta mediante un decreto, alegando que las aparentes irregularidades justifican tal acción. Destacó que garantizar la participación ciudadana es un elemento fundamental de la Constitución, el cual debe ser protegido.
La consulta, archivada el 14 de mayo de 2025 después de que 49 senadores la rechazaran, podría ser revivida por decreto si el Senado no actúa antes del 1 de junio.
De acuerdo con Benedetti, en la plenaria del Senado del 27 de mayo se cometieron errores significativos, ya que, según él, no se realizó la lectura de la proposición como estipula el artículo 125 de la Ley Quinta de 1992, que exige esta lectura antes de votaciones, generando dudas sobre lo que realmente votaron los senadores aquel día.
En una conferencia de prensa, mientras la Comisión Cuarta del Senado debatía la reforma laboral, Benedetti reiteró la amenaza de que el gobierno de Gustavo Petro llevaría a cabo la consulta si el Senado no manifestaba su posición para el 1 de junio.
La consulta planteada al pueblo incluiría doce preguntas sobre la reforma laboral, con el objetivo de que sea la ciudadanía quien determine el futuro de estos cambios.
Benedetti intentó aclarar el supuesto error en la votación al explicar que en la sesión crucial el presidente del Senado ordenó abruptamente la votación sin leer la proposición, contraviniendo el procedimiento establecido.
Según el ministro, esta falta de protocolo respalda la idea de que en realidad el Senado no ha tomado una posición oficial sobre el tema, lo que permitiría al presidente Petro llamar a la consulta mediante decreto.
La intensificación de este conflicto político revela desafíos significativos en la relación entre los poderes del estado en Colombia y pone de relieve el clamor por mayor transparencia y cumplimiento de los procedimientos democráticos.
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