Un presunto caso de abuso sexual conmocionó a la comunidad indígena Emberá que permanece alojada en el refugio temporal La Rioja, en el occidente de Bogotá.
Según explicaron desde el gobierno distrital, en la noche del 1 de junio de 2025 se reportó un presunto caso de violencia sexual contra una niña de apenas cuatro años. El episodio, que estuvo a punto de derivar en un acceso carnal violento, fue frenado por la pronta intervención de la madre de la menor y la posterior reacción colectiva de la comunidad.
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De acuerdo con las autoridades, mientras familias de la comunidad Emberá compartían en el campamento, un hombre, en notable estado de alicoramiento, intentó llevar a cabo actos sexuales abusivos contra la niña. La madre, alertada por la situación, intervino de inmediato y, antes de que el abuso se consumara, acudió junto a su hija al puesto de salud de La Rioja para pedir ayuda y poner en evidencia lo ocurrido.
No obstante, el horror no terminó ahí. Según relataron varios testigos, el mismo individuo intentó minutos después llevarse a la fuerza a otra menor de nueve años, pero la rápida acción de otros miembros de la comunidad impidió que se concretara el segundo hecho. El presunto agresor, frente a la reacción colectiva, abandonó el lugar.
El episodio encendió las alarmas entre la población Emberá que se encuentra en La Rioja, un alojamiento temporal que reúne a casi 500 personas desplazadas por el conflicto y la marginalidad, y cuya realidad ya venía marcada por tensiones, falta de privacidad, inseguridad y contextos de riesgo para la niñez.
La reacción institucional no tardó. Según la Alcaldía de Bogotá, en cuanto se tuvo conocimiento de la situación, la Secretaría de Salud activó la ruta de atención y acompañó a la niña agredida, junto a su familia, hasta el Hospital San Blas. Allí, la menor recibió valoración médica integral con el objetivo de salvaguardar su integridad física y emocional y verificar la gravedad del hecho.
Además, como lo dictan las rutas de protección, la información fue trasladada de inmediato al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf). Esta entidad asumió la verificación de derechos y abrió el proceso formal de restablecimiento para la niña, garantizando que todos los derechos potencialmente vulnerados comiencen a ser atendidos por el Estado.
Por su parte, la Secretaría de Integración Social dio a conocer que ya avanza en el trámite para interponer la denuncia ante la Fiscalía y contribuir, con pruebas y testimonios, al proceso judicial contra el presunto atacante.
Las autoridades distritales y organismos encargados del bienestar de la infancia rechazaron con firmeza lo ocurrido. La Secretaría Distrital de Integración Social enfatizó la obligación de todas las entidades del Estado de actuar de manera coordinada y efectiva en defensa de la niñez. A su vez, se hizo un llamado al sector justicia para que actúe con toda la fuerza de la ley, recalcando en la importancia de la aplicación de sanciones ejemplares, especialmente ante indicios de reiteración de la conducta.
Y es que la amenaza para las niñas y niños Emberá no es un fenómeno aislado. Organizaciones sociales, líderes de la comunidad y defensores de derechos humanos han alertado en repetidas ocasiones sobre las condiciones de vulnerabilidad en los refugios temporales, donde el hacinamiento, la falta de controles y el acceso al alcohol aumentan los riesgos para la infancia.
En su pronunciamiento, la administración distrital reiteró la importancia de la corresponsabilidad de familias, sociedad y Estado en la protección de los niños, tal y como lo establece la Constitución de Colombia. El artículo 44 señala la prevalencia de los derechos de la niñez y destaca la obligación de todos los actores en garantizar su desarrollo pleno.
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