Daniel Briceño denunció “macabro plan” de Petro en Jericó (Antioquia): “Limitando la propiedad privada y atacando las empresas formales”

El concejal Daniel Briceño, del Centro Democrático, compartió en sus redes sociales un video que en el que registra una visita al municipio de Jericó, Antioquia, donde, asegura, el Gobierno Petro creó un “laboratorio en donde la propiedad privada es trivializada; es decir, donde el Gobierno pretende controlar cómo se destina la tierra, qué come la gente, cómo se produce, y eso tiene un único objetivo: que el Gobierno, el Estado, controle lo que se hace con la tierra”.

El cabildante bogotano agregó que la línea discursiva oficialista ha sido la de un “ambientalismo falso”, pues solo se denuncia cuando hay economía legal, pero guardando silencio ante la minería ilegal.

“El plan para atacar a la economía, la minería, los empresarios y para afectar la autonomía territorial de los municipios empezó desde el Plan Nacional de Desarrollo de Gustavo Petro en donde se aprobaron muchas figuras que hoy se están concretando a partir de decretos”, dijo Briceño.

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Briceño hace énfasis en que el Gobierno quiere instaurar en Jericó una Área de Protección de Producción de Alimentos para, según el cabildante, limitar la actividad minera, la industrial y la comercial.

“Tenemos que estar alerta porque ellos comenzaron haciendo unos pilotos en La Guajira; ya están en el suroeste antioqueño y ahora van hacia la sabana de Bogotá. Pretenden limitar la propiedad, usurpar las funciones de los concejos y de los municipios para terminar hablando de la función social de la propiedad, lo que llevará irremediablemente a que el suelo, la tierra, las propiedades que son de los privados terminan en manos del Estado: expropiar”, agregó.

El Ministerio de Minas y Energía propuso declarar como reserva temporal ambiental el área donde actualmente se desarrollan proyectos mineros en el municipio de Jericó, ubicado en el suroccidente del departamento de Antioquia. La iniciativa, que fue presentada mediante una comunicación formal enviada a varias entidades del Ejecutivo, busca ofrecer una salida institucional al conflicto socioambiental que ha emergido en la región a raíz de la actividad extractiva.

La propuesta fue dirigida a los ministerios de Ambiente, Agricultura, Interior y Defensa, así como a la Agencia Nacional de Minería. En ella se plantea la necesidad de una acción conjunta y coordinada entre estas entidades con el fin de abordar las tensiones sociales, económicas y ecológicas que han surgido en torno a la minería en este territorio antioqueño. De acuerdo con lo informado, se trata de una medida orientada a suspender temporalmente los proyectos extractivos mientras se adelanta un proceso de evaluación integral sobre el futuro de la actividad en la zona.

El Ministerio de Minas ha señalado que la situación en Jericó requiere una intervención articulada entre diferentes actores del Gobierno Nacional, dada la complejidad del conflicto entre comunidades que apoyan la minería como fuente de desarrollo económico y aquellas que la rechazan por sus potenciales impactos ambientales y sociales.

Como parte de la propuesta, se incluyó un esquema que detalla los roles asignados a cada cartera y entidad involucrada. La iniciativa contempla, entre otros puntos, la convocatoria a una reunión interinstitucional para analizar la viabilidad de la declaratoria ambiental, así como la implementación de otras acciones orientadas a gestionar de manera integral el conflicto.

Dentro del plan trazado, se espera que el Ministerio de Ambiente lidere el proceso de declaratoria de la zona como reserva temporal ambiental. Paralelamente, el Ministerio del Interior deberá determinar si es necesario llevar a cabo una consulta previa con las comunidades, en caso de que se identifique la presencia de pueblos étnicos en el área de influencia. A su vez, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural tendría la tarea de declarar la zona como Área Protegida de Producción Agropecuaria (APPA), en caso de que se cumplan los criterios técnicos correspondientes.

En cuanto a los aspectos relacionados con la exploración y explotación minera ya en curso, la Agencia Nacional de Minería y el Ministerio de Ambiente deberán revisar posibles incumplimientos del titular del proyecto, así como las decisiones administrativas previas que permitieron el desarrollo de la actividad en la región.

La iniciativa busca crear un margen de maniobra institucional que permita suspender, al menos temporalmente, las labores mineras y reducir las expectativas jurídicas del concesionario. Si bien se reconoce que la cancelación definitiva del proyecto requeriría un proceso más extenso, la declaratoria de la reserva ambiental podría ofrecer un primer paso en la gestión del conflicto.