El lunes festivo 2 de junio se desató una controversia internacional con Guatemala, luego de que la Justicia de ese país expidiera órdenes de captura contra la fiscal General en Colombia, Luz Adriana Camargo, y el embajador de Colombia en el Vaticano, Iván Velásquez, por supuestas irregularidades durante su trabajo en la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig).
La decisión contra los servidores la tomaron en la Sala Tercera de Apelaciones del Organismo Judicial guatemalteco por petición del jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), José Rafael Curruchiche, que vinculó a los dos servidores públicos con el entramado de la de la constructora brasileña Odebrecht.
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Según el fiscal guatemalteco Velásquez, cuando estuvo al frente de la Cicig, permitió la aprobación de acuerdos de cooperación anómalos con dos directivos brasileños de Odebrecht en 2017, acusación que inició en un proceso penal que inició contra el exministro de Defensa en 2023.
Sin embargo, en esos sucesos ‘picarescos’ latinoamericanos, el operador judicial centroamericano figura desde 2022 en la deshonrosa Lista Engel que elaboró el Departamento de Estado de Estados Unidos para reseñar a responsables de actos de corrupción o acciones que socavan las democracias en el denominado triángulo norte de esa región del continente que conforman Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala, informaron en la emisora La W Radio.
“Está acusado por obstruir las investigaciones de actos de corrupción al desbaratar casos de alto perfil contra funcionarios del gobierno y presentar denuncias aparentemente espurias contra fiscales de la Feci, abogados privados y miembros de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cigig)”, citaron en el periódico El Espectador de un reporte de la época en la prensa de ese país.
Adicionalmente, el fiscal también figura como corrupto en la Unión Europea, la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Gobierno de Canadá.
Por estas razones en Estados Unidos le quitaron su visado, como lo aceptó en una entrevista que concedió en la revista Semana hace dos años.
“Es correcto. A mí se me incluyó en una lista; el año pasado recibí una comunicación vía correo electrónico por la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, donde me comunican que me habían retirado la visa, pero no se me indica por qué. A través de los medios de comunicación me he podido enterar, es que dicen que es porque están obstruyendo investigaciones. Me gustaría saber qué investigaciones, qué casos. Acá hay unas investigaciones que por años estuvieron guardadas, escondidas, por el anterior fiscal”, sostuvo en ese diálogo.
Cancillería rechazó la decisión judicial
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia afirmó este lunes que la orden de captura “carece de sustento jurídico” y “constituye un atentado contra los principios fundamentales de la justicia internacional” a través de un comunicado oficial que publicaron tras la decisión judicial con la firma de la canciller, Laura Sarabia.
“Esta acción, que carece de sustento jurídico, constituye un atentado contra los principios fundamentales de la justicia internacional. Esta medida no solo representa una grave desviación de los estándares del derecho internacional, sino también vulnera derechos humanos fundamentales”, señalaron en la misiva.
La Cancillería colombiana insistió en el comunicado en que “la utilización de mecanismos de cooperación judicial internacional exige una base probatoria sólida y procedimientos transparentes, condiciones que claramente no se cumplen en este caso”.
“El Gobierno de Colombia reafirma su compromiso con el respeto y derecho internacional, la independencia judicial y la cooperación entre Estados. Sin embargo, advierte que dichos principios no pueden ser tergiversados ni utilizados como instrumentos de persecución política o personal, ni para justificar decisiones carentes de legitimidad”, señaló el mensaje.
Ante esta situación, agregó el Ministerio, el Ejecutivo ha activado los canales diplomáticos correspondientes para manifestar formalmente su rechazo ante las autoridades guatemaltecas.
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