Contraloría emitió grave alerta: habría armamento vencido en bases militares del Ejército Nacional

Ha trascurrido un poco más de un año desde aquel 30 de abril de 2024, cuando el presidente Gustavo Petro reveló la pérdida sin precedentes de más de 1.9 millones de municiones y 24.000 granadas en las bases militares más grandes del país, Tolemaida, y la Décima Brigada del Ejército ubicada en La Guajira y Cesar.

En ese momento, el presidente aseveró que esta importante falta de armamento sugería la existencia de una red de tráfico que vinculaba a personal militar y civiles con el comercio ilegal de armas, potencialmente abasteciendo a grupos armados y contrabandistas internacionales con instrumental letal.

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“La única manera de explicar este tipo de faltantes es que ha existido durante un largo tiempo redes integradas por gente de las fuerzas militares y civiles dedicadas a un comercio masivo de armas usando las armas legales del Estado colombiano”, escribió el mandatario.

Aunque el tema quedó ahí, en la mañana del martes 3 de junio se conoció un nuevo informe adelantado por el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, que responde a la grave denuncia del jefe de Estado.

Según la información obtenida por la revista Cambio, el ente de control determinó que existe un notorio desorden en el sistema de inventarios de las fuerzas armadas, lo que ha llevado a una advertencia urgente sobre un posible “riesgo de afectación negativa a los intereses públicos”.

Luis Enrique Abadía, contralor delegado para el sector Defensa, explicó al medio que la revisión de los inventarios reveló graves desórdenes que ponen en peligro no solo la seguridad nacional, sino la de las comunidades afectadas por el posible comercio ilegal de este armamento

“Lo observado puede extenderse a todas las unidades del Ejército Nacional, por lo que se consideró necesario advertir sobre la situación, teniendo en cuenta la información que se recopiló en la actuación especial”, señaló el funcionario.

Incluso, se advirtió de la discrepancia entre las cantidades de armamento registradas en el sistema SAP y las realmente disponibles, ya que “no siempre coinciden con las cantidades físicas almacenadas o las que han sido puestas en servicio”.

“Se ha identificado un riesgo en la gestión de inventarios, específicamente en el registro de las cantidades de material de guerra en el sistema SAP, que no siempre coinciden con las cantidades físicas almacenadas o las que han sido puestas en servicio. Además, en muchos casos no se cuenta con trazabilidad sobre su uso o disposición final”, alertó el contralor delegado.

Entre los hallazgos de la Contraloría, se pudo establecer que existen municiones y explosivos vencidos que datan del 2017, lo cual representa un grave riesgo tanto para el personal militar como para las poblaciones civiles cercanas.

“Se evidenció la existencia de material con fecha de vencimiento ya superada, lo cual fue confirmado en una visita fiscal a las unidades del Fuerte Militar de Tolemaida y la Décima Brigada. Este riesgo también podría materializarse en otras unidades del Ejército”, señala el documento obtenido por Cambio.

Asimismo, apenas se pronunció el presidente en 2024, la Inspección del Ejército señaló discrepancias graves en los inventarios, incluyendo faltantes de 9.725 granadas y cientos de miles de municiones en las unidades mencionadas.

El presidente Petro sugirió la complicidad de redes ilegales dentro de las fuerzas al afirmar que “con explosivos extraídos de Tolemaida se volaron retenes entre Bogotá y Medellín”.

Por su parte, el Comando del Ejército ha reconocido las deficiencias en su manejo de inventarios y señala que han estado implementando acciones para mitigar estas falencias.

Aseguran que la situación no compromete la operatividad general del Ejército, aunque reconocen que algunos individuos han facilitado el acceso de grupos ilegales al armamento a través de redes corruptas.

“La Contrainteligencia Militar ha logrado evidenciar e identificar la persistencia de los grupos armados al margen de ley de recurrir al empleo de recursos económicos ilegales para obtener el material de guerra, vulnerando controles institucionales, lo que puede dar lugar a la pérdida, tráfico, hurto o comercialización ilegal del mismo”, señaló la institución.

Por otro lado, los reportes advierten sobre alteraciones en los registros de armamento, incluyendo fusiles y pistolas que fueron proporcionados por la embajada de Estados Unidos, resaltando la falta de registro formal que debería garantizar la correcta utilización y circulación de tales armas.

“No se ha realizado alta de pistolas, rifles y escopetas transferidas por la embajada de Estados Unidos”, informó el ejército.

Entretanto, el Comando del Ejército insiste en que, pese a estos problemas, la seguridad y capacidad operativa no se han visto comprometidas en su totalidad. Con todo, la situación exige una investigación detallada por parte de la Contraloría para cerciorarse de que no se repitan incidentes similares y para restablecer una gestión adecuada de los inventarios de armas en el futuro.