Consulta popular: Petro ya tendría fecha para expedir decreto con el que convocaría a los colombianos a las urnas, pese a la postura del Senado

El presidente de la República, Gustavo Petro, se prepararía para emitir un decreto con el que convocará a los colombianos a participar a una consulta popular, al aprovechar el límite legal establecido para hacer esta acción. La decisión, que a juzgar por los argumentos expresados por el jefe de Estado, se daría a conocer en un contexto de tensión política: alimentada por los señalamientos de parte suya de fraude en las recientes votaciones en el Senado y la inminente necesidad del Gobierno de sacar adelante la reforma laboral.

De acuerdo con Semana, que habría consultó fuentes del Ejecutivo, la consulta popular se convocará antes del 12 de junio, en una determinación con la que se desconocería de tajo las actuaciones del cuerpo legislativo: que el 14 de mayo, en una jornada intensa, con 49 votos en contra de que se estableciera el mecanismo, y 47 a favor de sacarlo adelante, optó por rechazar en plenaria la intención del primer mandatario, que ha insistido en que no se cumplió con los requisitos legales para que fuera válida.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En la solicitud formal de Petro al Senado, el presidente insistió en que el Senado está en la obligación de referirse a la consulta. “Con base en las anteriores consideraciones, el presidente de la República, junto con todos sus ministros, y en atención a lo dispuesto en la Ley 134 de 1994 y la Ley 1757 de 2015, solicita formalmente al Senado de la República emitir concepto favorable respecto de la consulta popular de carácter nacional cuyas preguntas se encuentran como anexo al presente documento”, se leyó en el documento.

Cabe destacar que la situación tiene al Congreso en riesgo, pues las actuaciones del presidente atacarían su legitimidad. Al respecto, Armando Benedetti, ministro del Interior, había adelantado que la intención es proceder por decreto, debido a lo que describió como falta de garantías y transparencia del legislativo, según indicó el lunes 2 de junio, cuando insistió en que, al haberse cumplido el plazo de 30 días para que el Senado emitiera un concepto, y este no haberse producido, Petro está facultado por ley para proceder.

“Efraín Cepeda no dio ni garantías, ni transparencia, ni tranquilidad. Hoy somos muchos los que consideramos que el Congreso no se pronunció sobre la consulta popular por la cantidad de irregularidades, los fraudes, las trampas y jugaditas. Y también hoy hay huelga porque hay un Congreso que aún no quiere restaurar los derechos laborales de la clase obrera”, añadió en otra publicación en la misma red social”, indicó el ministro en su perfil de X, en un comentario con el que causó un fuerte revuelo.

El conflicto que se avecina con la inminente firma del decreto no sería menor. Y todo porque el Senado ya emitió el concepto que, en comunicación formal, el propio Petro pidió al órgano legislativo e indicó, a través de su presidente, Efraín Cepeda, y su secretario general, Diego González, que el procedimiento en el que se definió la consulta se llevó a cabo conforme con el ordenamiento legal, y contó con la participación de la mayoría de los miembros de la corporación, pues se registraron 96 sufragios en la jornada.

“Es absolutamente ilegal, es una violación a la autonomía de dos poderes públicos, no solamente el legislativo sino el poder judicial, porque si alguien no está de acuerdo con una decisión debe ir hasta los jueces y ellos son los que toman la decisión, no de un solo plumazo”, indicó Cepeda el 28 de mayo de 2025, cuando advirtió que iría al Consejo de Estado para que se pronuncie sobre el particular, debido a la intención del presidente de llamar a los colombianos a las urnas; en un proceso que costaría $700.000 millones.

En este complicado entramado, el Gobierno ha insistido en su disposición a combatir por todos los frentes para que la reforma laboral sea aprobada, pues se ha alineado con los sindicatos y movimientos sociales, que pese a que todavía se tramita el proyecto de ley que fue ‘revivido’ por el Senado, y asignado a la Comisión Cuarta, que le dio vía libre en su tercer debate, ha convocado a una serie de marchas que deriven en un cese de actividades. Todo esto ante las declaraciones de Petro, que se ha desmarcado de estas convocatorias.

Entre los puntos que han causado inconformidad en el primer mandatario se destaca la iniciativa de implementar el trabajo por horas, en una modalidad que consideró “un mayor retroceso que los contratos basura y la Ley 50, juntas”. Para Petro, la puesta en marcha de esta idea convertiría la reforma en una contrarreforma que desandarían pasos importantes en materia laboral; por lo que reiteró la necesidad de que sea en las urnas en la que los colombianos escojan las modifcaciones en beneficio de la clase trabajadora.