
Desde Barrancabermeja, en el departamento de Santander, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó la implementación de operaciones militares y policiales sin restricciones en todo el país.
El titular de la cartera fue enfático al señalar que no existe ningún tipo de cese al fuego o suspensión de ofensivas contra grupos armados; un anuncio que se dio a conocer en un contexto de intensificación de la actividad de la fuerza pública para enfrentar fenómenos criminales que amenazan a la población civil.
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El general (r), que hasta marzo de 2025 se desempeñaba como jefe de la Casa Militar, y que antes se había desempeñado como comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (Ccoes), respondió a los interrogantes sobre si tenía el aval del presidente de la República para combatir a las diferentes organizaciones al margen de la ley. Y dejó en claro cuál es la instrucción para garantizar la seguridad de los colombianos que viven en zonas remotas, frente a la ofensiva que han tenido que soportar.
“En este momento no hay ningún cese al fuego o cese de operaciones militares ofensivas u operativas de Policía contra cualquier grupo; es decir, hay una libertad absoluta de todas las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional para actuar con contundencia”, declaró Sánchez, según replicó el propio Ministerio de Defensa.
Según apuntó, las acciones mantienen un respaldo jurídico basado en la Constitución Política, la cual exige la protección de los ciudadanos frente a cualquier amenaza.
En el Batallón de Artillería de Defensa Aérea N.° 2 Nueva Granada del Ejército Nacional se llevó a cabo la ceremonia, en la que Sánchez estuvo junto a la cúpula militar, la Policía y autoridades regionales.
Durante el evento, se reiteró el compromiso de la fuerza pública en la lucha contra la extorsión y el secuestro; con la activación del nuevo Gaula Militar para esta región estratégica del territorio. Así se combatirá el actuar de grupos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.
Ministro de Defensa anunció medidas para combatir las estructuras armadas
Durante su estancia en el puerto petrolero, Sánchez confirmó la intención de incrementar la presencia de la fuerza pública en el departamento. Entre los refuerzos planificados se encuentra el despliegue de tres pelotones del Ejército, dos compañías de Policía Militar, además de 219 infantes de Marina y 270 efectivos policiales. Este movimiento tiene como objetivo central el aumentar la capacidad de reacción ante actividades delictivas en la región, que se ha visto perjudicada por el accionar de distintos grupos.

En el caso de Bucaramanga, la Ciudad Bonita se desplegarán dos compañías de Policía Militar del Ejército Nacional, integradas por más de 350 uniformados. Estas unidades asumirán tareas de apoyo a las autoridades civiles con el objetivo de reforzar la seguridad en la ciudad.
Sánchez indicó que, incluso en caso de establecerse treguas futuras con otras organizaciones, las tropas deberán priorizar la protección de los civiles. “Jamás deben renunciar a proteger a la población”, afirmó el ministro. Y agregó que esta orden, dada por el presidente Petro, se fundamenta en disposiciones constitucionales. “Deben actuar con toda la contundencia contra cualquier fenómeno criminal que llegue a poner en riesgo la vida de nuestra gente, de nuestros pobladores, de nuestro pueblo”, agregó el titular de la cartera.

El refuerzo de las fuerzas en Santander buscaría fortalecer una estrategia nacional más amplia para combatir los diversos problemas de seguridad que enfrenta el país. Así pues, el ministro fue claro al expresar que los operativos no se limitan, sino que se despliegan en todos los escenarios requeridos para combatir el crimen, con lo que respondería tanto al deber constitucional como al mandato del Ejecutivo, y la necesidad de darle tranquilidad a los ciudadanos.
En su visita a Santander, Sánchez también anunció el desarrollo del Centro de Gestión de Emergencias y Seguridad: una iniciativa que beneficiará a varios municipios de Santander y cuya finalidad es reforzar la respuesta operativa en materia de seguridad regional. Este proyecto, con una inversión de 52.000 millones de pesos; de ellos, $39.000 millones aportados por el Ministerio del Interior, e incluirá cámaras con capacidad de reconocimiento facial y vehicular, así como herramientas tecnológicas para anticipación, movilidad y reacción.
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