El presidente Gustavo Petro criticó al alcalde Carlos Fernando Galán por anunciar acciones judiciales contra los bloqueos durante el paro sindical. Galán aseguró que las obstrucciones fueron premeditadas. Petro respondió de inmediato, intensificando el cruce de señalamientos. La disputa refleja tensiones entre el Gobierno nacional y la Alcaldía de Bogotá. El episodio se suma a una serie de desacuerdos recientes entre ambas administraciones.
A partir del anuncio del alcalde Carlos Fernando Galán sobre acciones judiciales por los bloqueos durante el paro sindical en Bogotá, el excongresista Humberto de la Calle intervino en el debate preguntando “hasta dónde el límite del derecho a la protesta”.
En otra publicación, señaló que fue objeto de críticas por opinar sobre el tema y afirmó: “Los insultos que van desde fascista hasta comunista y anarquista, no sirven para nada”.
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En su primer mensaje sobre el tema, Humberto de la Calle consideró que “más allá de lo penal, Carlos Fernando Galán ha puesto sobre el tapete un importante punto: ¿hasta dónde el límite del derecho a la protesta?”. Señaló que es común aceptar cierto grado de perturbación en la vida cotidiana como parte de ese derecho, “porque, de lo contrario, sería inane”. Sin embargo, cuestionó hasta qué punto es válido ese impacto y comentó que, tras el paro, “Fabio Arias, presidente de la CUT, ha aceptado que organizó de manera deliberada el bloqueo del TransMilenio, afectando a más de un millón de personas en sus derechos fundamentales”.
En su reflexión, Humberto de la Calle añadió que este debate representa una oportunidad para avanzar en una regulación pendiente: “Es la oportunidad de lograr una normatividad que defina esos límites, cuya adopción fue convenida en el Acuerdo de Paz y que no se ha desarrollado”
A lo anterior, el exnegociador de paz agregó lo siguiente: “De entrada, la actuación de Arias fue desproporcionada, nociva y muy ajena a la defensa de derechos laborales. Es Arias un reyezuelo que priva a centenas de personas de su libertad de movilización en busca de promover otros derechos de los trabajadores? Cuáles derechos son superiores? Eso debe regularse. No debe quedar en manos de decisiones de fuerza tomadas por pocas personas”.
En una segunda publicación, Humberto de la Calle se refirió a las reacciones que generó su comentario inicial: “Mi X sobre la revelación de Fabio Arias de su decisión de bloquear el TransMilenio desató los consabidos insultos. No importa”. Pese a las críticas, insistió en la importancia de abrir un debate amplio sobre el tema y afirmó que “el derecho a la protesta exige una reflexión pública que busque aproximaciones sobre su utilización y sus límites”.
Humberto de la Calle expuso varios puntos sobre el derecho a la protesta, destacando que se trata de un derecho legítimo que, por su propia naturaleza, conlleva alteraciones en la vida cotidiana. Reconoció el papel fundamental de los sindicatos en la defensa de los derechos laborales y la dignidad de los trabajadores, señalando que son necesarios y deben ser respaldados. No obstante, advirtió que en protestas de gran escala también se ven afectados otros derechos, incluso de sectores que no están directamente involucrados.
De igual manera propuso que la sociedad establezca criterios claros para regular las protestas, diferenciando los escenarios en los que esta debe operar “al 100%”, aquellos en los que conviene limitarla para proteger otros derechos y los casos en los que podría prohibirse.
Planteó que no es lo mismo una huelga de trabajadores del metro, que obliga a concertar medidas como horarios de suspensión o planes de emergencia, que una decisión unilateral como la de Fabio Arias, que, según dijo, actuó “como un déspota” al afectar de manera repentina el transporte masivo. Consideró especialmente grave que esa interrupción se haya ejecutado, de forma deliberada o no, mediante “la acción de fuerza de encapuchados”.
De la Calle advirtió que “los derechos de los no protestantes tienen también valor y exigen protección”, y cuestionó que se anule la locomoción afectando a personas que necesitan acceder a “alimentos o drogas”, asistir a clases o acudir a citas médicas. A partir de ello, propuso abrir un debate que, según dijo, el país no ha dado: definir “cuáles derechos ceden ante otros”, cómo debe conducirse una protesta –en cuanto a duración, afectación de vías y preservación de servicios esenciales– y “cuáles derechos son estratégicos y por tanto no deben ser afectados”, como el transporte masivo o el acceso a la salud.
Y el excongresista concluyó su mensaje diciendo: “Que se haga el debate. Los insultos que van desde fascista hasta comunista y anarquista, no sirven para nada”.
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