Fiscalía de Guatemala solicitó captura de Iván Velásquez y fiscal Luz Adriana Camargo por caso Odebrecht

En la tarde del lunes 2 de junio de 2025, se conoció que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP) de Guatemala logró que la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones emita órdenes de captura contra Iván Velásquez Gómez, exjefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y actual embajador de Colombia en el Vaticano, así como contra Luz Adriana Camargo Garzón, fiscal General de Colombia.

De acuerdo con la información que se conoció, a estos funcionarios colombianos se les vincula con delitos de asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión relacionados con el escándalo Odebrecht.

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El anuncio fue confirmado por la Fiscalía y comunicada por el jefe de la Feci, Rafael Curruchiche.

Según reportó la Fiscalía, también se ordenó la captura de Telma Esperanza Aldana Hernández, exfiscal general de Guatemala, y Mayra Johana Véliz López, exsecretaria general del MP.

Además, la lista de implicados se amplía a otras figuras relevantes, como Juan Francisco Sandoval Alfaro, exjefe de la Feci, y Eva Xiomara Sosa Pérez, exfiscal adjunta de la misma fiscalía, entre otros.

El Ministerio Público de Guatemala, tal como publicó en su red social X, confirmó estas acciones judiciales, destacando que la estructura presuntamente liderada por Velásquez Gómez habría ocasionado pérdidas superiores a 3 mil millones de quetzales al Estado guatemalteco al favorecer a la empresa constructora Odebrecht, según las autoridades.

Ante esta situación, se solicitó a Interpol emitir una alerta para localizar y detener a los buscados en cualquier país.

Curruchiche, a través de las plataformas digitales del MP, reafirmó el compromiso de la Fiscalía en la lucha contra la corrupción e impunidad, resaltando la gravedad del caso Odebrecht en el contexto guatemalteco.

En 2014, Iván Velásquez Gómez asumió el liderazgo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), durante su mandato, que se extendió hasta 2019, Velásquez se enfrentó a una serie de casos de corrupción que generaron un impacto considerable en el sistema político y social de Guatemala.

En cuanto a Luz Adriana Camargo, la ahora fiscal General de la Nación se desempeñó entre 2014 y 2017 como jefe del Departamento de Investigación y Litigio, ubicándose en el organigrama de la comisión como la mano derecha de Velásquez.

Entre su trabajo destacado, Camargo estuvo encargada de desarrollar protocolos de buenas prácticas en investigación criminal y apoyar investigaciones de corrupción de alto perfil contra el expresidente Otto Pérez Molina.

Entre los casos más destacados se encuentra el de La Línea, una red de defraudación aduanera que involucró a 22 personas, incluido Juan Carlos Monzón, secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti.

Velásquez también abordó los contratos anómalos entre el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y la farmacéutica Pisa, cuyos servicios deficientes resultaron en la muerte de pacientes con enfermedades renales.

El medio El Tiempo detalló un caso resonante de tráfico de influencias y defraudación que implicaba al gobierno de Otto Pérez Molina y a las empresas de energía Zeta Gas y Jaguar Energy.

El trabajo de la Cicig, bajo la dirección de Velásquez y en colaboración con la Fiscalía del Ministerio Público encabezada por Thelma Aldana, logró significativos avances en la justicia guatemalteca.

Se destacaron numerosas detenciones y condenas, incluida la sentencia de 16 años de prisión para el expresidente Otto Pérez y la exvicepresidenta Roxana Baldetti por su participación en el caso La Línea.

Además, al menos siete exministros y varios empresarios enfrentaron la justicia por su implicación en distintos casos de corrupción.

A principios de 2019, el presidente guatemalteco Jimmy Morales decretó el fin unilateral del acuerdo con Naciones Unidas que permitía la operación de la Cicig en el país, alegando presuntas actividades ilegales y abusos de poder por parte de la comisión.

Esta decisión, respaldada por el sector empresarial, incluyó la expulsión de Velásquez, declarado persona non grata y acusado de fomentar la corrupción.

Las acciones de Morales polarizaron la opinión pública en Guatemala, generando un intenso debate internacional sobre el futuro de la lucha contra la corrupción en el país centroamericano.

Hasta el momento de esta publicación, la Fiscalía General de Colombia confirmó que no dará ninguna declaración sobre la solicitud de captura de la fiscal Luz Adriana Camargo.