Corte Constitucional promueve el conocimiento y la defensa del orden constitucional colombiano: “Es la expresión de la democracia”

La Corte Constitucional continúa impulsando espacios de reflexión sobre la historia y el alcance de la Carta Política de 1991. En esta ocasión, la Universidad Católica de Colombia fue la sede de una nueva jornada de los “Debates constitucionales”, una serie de conferencias que buscan acercar al país a los fundamentos del constitucionalismo y a los logros alcanzados durante más de tres décadas de funcionamiento del alto tribunal.

”Este mes de mayo es un mes muy importante que siempre nos atraviesa para conmemorar determinadas fechas que nos han permitido ir reconstruyendo la historia de lo que permite ser tanto la creación de la República como, al mismo tiempo, la creación del orden constitucional y en general del Estado de derecho”, dijo el magistrado.

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Durante el encuentro, el presidente de la Corte, Jorge Enrique Ibáñez, subrayó la importancia de la Constitución vigente como instrumento de estabilidad democrática, al tiempo que hizo un recorrido por los principales hitos históricos que marcaron el tránsito hacia el actual orden jurídico. El análisis partió del derrocamiento del régimen militar de Gustavo Rojas Pinilla, el 10 de mayo de 1957, y la posterior convocatoria al plebiscito del 1º de diciembre del mismo año, considerado un punto de inflexión para el restablecimiento del orden constitucional.

Esta iniciativa pedagógica, que se desarrolla en distintos escenarios académicos del país desde el año pasado, pretende visibilizar el papel que ha desempeñado la Corte desde su creación en 1991. La intención es mostrar cómo la Constitución ha incidido en la vida institucional del país y en la consolidación de mecanismos democráticos como la acción de tutela, que ha sido una herramienta clave para garantizar los derechos fundamentales.

Ibáñez destacó que la Constitución de 1991 logró ofrecer un marco de seguridad y estabilidad superior al que ofrecieron constituciones previas, como las de 1863 y 1886. Aunque esta última introdujo elementos de descentralización, no logró responder a las necesidades sociales y políticas del país, lo que derivó, entre otros episodios, en la Guerra de los Mil Días.

El presidente del tribunal también señaló que los ciclos de violencia que afectaron a Colombia durante el siglo XX —como el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 1948, el cierre del Congreso en 1949 y el golpe militar de 1953— tienen su origen en ese vacío institucional. Sin embargo, identificó en el plebiscito de 1957 el comienzo de un proceso de reconstrucción democrática que tendría su culminación con la Constitución de 1991.

La Corte hace un llamado a reconocer el valor de la Carta Política como expresión de la voluntad popular y pilar del Estado de derecho. Según se indicó en el evento, su preservación depende no solo de las instituciones, sino también del compromiso ciudadano con la defensa de su integridad y su supremacía dentro del ordenamiento jurídico nacional.

“La Constitución es la expresión de la democracia,si la Constitución es la expresión de la voluntad y la soberanía reside en el pueblo, en ese sentido todo el pueblo debe de defender igualmente la integridad y la supremacía de esa Constitución”, expuso.

La Corte Constitucional declaró inexequible el Decreto Legislativo 0131 del 5 de febrero de 2025, expedido por el Gobierno nacional con el objetivo de facilitar la ejecución de proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) en la región del Catatumbo, el área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González (Cesar).

La sentencia C-207 de 2025, con ponencia de la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera, determinó que la norma violaba el artículo 214.1 de la Constitución, al no contar con la firma del presidente de la República y de todos sus ministros.

El Decreto 0131 de 2025 fue emitido en el marco del estado de conmoción interior declarado previamente mediante el Decreto 062 del 24 de enero de 2025. Esta medida excepcional fue adoptada por el Ejecutivo con el argumento de enfrentar una grave perturbación al orden público en la región del Catatumbo y zonas aledañas.