Petro continuará con el plan Catatumbo, pese a fallo de la Corte Constitucional que tumbó por insólito motivo uno de los decretos de conmoción interior

La Corte Constitucional anuló el jueves 29 de mayo un decreto clave para el plan de ayuda a la región del Catatumbo y zonas aledañas, debido a problemas con sus firmas oficiales. Como era de esperarse, la decisión del alto tribunal provocó una fuerte reacción del presidente de la República, Gustavo Petro, que el domingo 1 de junio defendió la iniciativa a través de las redes sociales y, de paso, criticó el fallo que impide utilizar recursos del Sistema General de Regalías para proyectos en las zonas más golpeadas por la violencia.

El Decreto Legislativo 0131, que fue expedido el 5 de febrero de 2025, tenía como fin redirigir fondos hacia la región de Catatumbo, el área metropolitana de Cúcuta, y los municipios de Río de Oro y González, en Cesar, todos afectados por la crisis humanitaria y el accionar de grupos armados. Este mecanismo estaba sustentado en la declaratoria de conmoción interior, que permitió al Ejecutivo tomar decisiones excepcionales para proteger a la población civil frente al impacto de las confrontaciones armadas.

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Frente al mismo, la Corte Constitucional fundamentó su decisión en la ausencia de firmas autorizadas en el decreto e indicó que, conforme al mandato del artículo 214.1 de la Constitución, todo decreto en estado de excepción debe ser suscrito tanto por el presidente, como por la totalidad de sus ministros. En esta oportunidad, la firma de la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, no apareció; y su lugar fue ocupado por Polivio Leandro Rosales, entonces viceministro de Desarrollo Rural, que no tiene facultades legales.

El fallo también reveló que el que firmó el decreto como ministro de Comercio, Industria y Turismo fue Luis Carlos Reyes, aunque se encontraba en licencia remunerada; por tal motivo, no estaba facultado para hacerlo. De hecho, la encargada en esos días era Ana María Zambrano, pero su firma tampoco figura en el documento. Fueron estos dos graves e insólitos errores los que constituyeron un vicio de forma considerado irremediable para el alto tribunal, que resolvió invalidar la norma en su totalidad.

Luego de este revés, el jefe de Estado respondió de manera categórica a través de su perfil de X y cuestionó que prime, según él, el formalismo jurídico sobre la necesidad de proteger la vida y el bienestar de los colombianos más vulnerables.

“Por encima de cualquier criterio jurídico está el principio esencial del Estado: proteger la vida de sus conciudadanos”, señaló el primer mandatario en esta plataforma digital, con lo que dejó en claro que, aunque ya no tiene el respaldo del referido decreto, continuará con lo dispuesto desde su despacho.

En efecto, el primer mandatario afirmó que el plan Catatumbo seguirá adelante con los mecanismos financieros permitidos, aunque admitió que estos no siempre resultan los más efectivos. “No serán las mejores (fuentes de financiación), pero se prioriza la vida humana”, indicó el gobernante, que en su mensaje también abordó lo que es el contexto económico en torno a la determinación, y relacionó otras decisiones del tribunal que ha revocado impuestos dirigidos a petroleras y carboneras.

“En dos ocasiones, la Corte Constitucional tumba los impuestos que van a las petroleras; el intento de salvar las utilidades de petroleras y carboneras es inocuo, caerán por la caída del precio del carbón y el petróleo”, afirmó Petro. De esta forma, las tensiones entre el Ejecutivo y la Corte en torno a la gestión de recursos públicos en situaciones excepcionales continúan vigentes, en medio de su objetivo de orientar fondos al Catatumbo y otros territorios afectados, y de las novedades al interior de la Sala Plena.