El Acuerdo 983 de 2025, firmado por el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, establece la instalación de señalización clara y visible en los espacios públicos donde está prohibido el consumo de drogas. Sin embargo, el proyecto fue duramente criticado por un sector del Cabildo distrital, que a su vez será demandado.
El proyecto 983 tiene como fin implementar de manera progresiva la señalización de prohibición en la capital, priorizando los entornos escolares, y busca proteger a la niñez, las familias y la convivencia ciudadana en la ciudad.
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La iniciativa fue impulsada por el concejal del Centro Democrático Andrés Barrios Bernal, quien destacó que la medida responde al clamor de padres de familia, instituciones educativas, iglesias y organizaciones sociales preocupadas por el aumento del consumo de sustancias psicoactivas en zonas públicas.
Barrios afirmó que el acuerdo representa un paso significativo en la lucha contra las drogas en Bogotá y expresó su compromiso con la recuperación de los espacios públicos. “Bogotá no puede seguir tolerando el consumo de drogas en parques, plazoletas y entornos escolares. ¡Lo logramos!”, declaró el concejal.
En qué se fundamenta el proyecto
El Acuerdo se fundamenta en el Decreto Distrital 825 de 2019, que establece lineamientos para regular el uso del espacio público en la ciudad. Según detalló el cabildante, la señalización permitirá a los ciudadanos y a las autoridades identificar claramente las áreas donde está prohibido el consumo de drogas, contribuyendo a la convivencia y seguridad en la ciudad.
Además, se mencionó que la implementación de esta medida tomará como referencia modelos exitosos aplicados en otras ciudades, como Manizales, y dependerá de la disponibilidad presupuestal del Distrito.
El senador Miguel Uribe Turbay respaldó públicamente esta iniciativa, calificándola como un avance en la protección de los derechos de las familias y los niños en Bogotá. Por su parte, el concejal Barrios subrayó que esta herramienta busca rechazar la normalización del consumo de drogas en el espacio público y destacó los obstáculos enfrentados para sacar adelante el proyecto, señalando que hubo resistencia por parte de sectores políticos opuestos.
Demanda al proyecto
No obstante, la medida no ha estado exenta de controversias. La concejala de Bogotá, Quena Ribadeneira anunció que interpondrá una demanda de nulidad contra el acuerdo, argumentando que es inconstitucional, ilegal y representa un retroceso en materia de política pública con enfoque de derechos.
Según Ribadeneira, el acuerdo se basa en una normativa derogada, ya que el Decreto Nacional al que remite fue eliminado en 2023, lo que invalida su fundamento jurídico. Asimismo, señaló que la medida contraviene la Sentencia C-127 de 2023 de la Corte Constitucional, que exige regular el uso del espacio público de manera razonada, proporcional y sin discriminación.
La concejala también criticó el enfoque de la medida, calificándola de populista y estigmatizante. Para la concejala, llenar la ciudad de señalización no aborda el problema estructural del consumo de drogas y podría agravar la estigmatización de los consumidores, desplazando el debate hacia la prohibición en lugar de promover soluciones basadas en la salud pública. Ribadeneira abogó por un enfoque más integral que contemple la regulación del consumo en espacios seguros, la reducción de daños y la prevención con un enfoque humano y constitucional.
“Hay que ofrecerle a la ciudadanía medidas reales que vayan más allá del papel. Llenar la ciudad de letreros no resuelve el problema de fondo. Es urgente cambiar el enfoque: en lugar de centrarse en prohibir, debemos avanzar hacia una regulación que contemple espacios seguros donde el consumo sea posible y controlado. Regular no es ignorar el problema, es enfrentarlo con responsabilidad y respeto por los derechos”, señaló la concejala Ribadeneira.
En sus declaraciones, Ribadeneira hizo un llamado a organizaciones sociales, jurídicas y académicas, así como a congresistas comprometidos con una política de drogas moderna, a unirse a esta acción jurídica y política. De acuerdo con la concejala, es necesario avanzar hacia medidas que ofrezcan soluciones reales y respeten los derechos de los ciudadanos, en lugar de recurrir a estrategias que, en su opinión, no resuelven el problema de fondo.
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