Gobernador de Antioquia cuestionó la respuesta del Gobierno Petro tras petición de asistencia militar: “Fue de trámite, vacía y evasiva”

El Gobierno colombiano, liderado por el presidente Gustavo Petro, dio respuesta al decreto emitido por la Gobernación de Antioquia, en el que solicitó formalmente la asistencia militar para el departamento, argumentando la gravedad de la situación de seguridad debido al plan pistola, estrategia criminal del Clan del Golfo contra la fuerza pública, que cobró la vida de 11 uniformados.

En una carta firmada por Diego Alejandro Sierra Murcia, asesor de la Casa de Nariño, el Gobierno aseguró había tomado nota de la solicitud y de los argumentos presentados por el mandatario departamental.

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Además, en la misiva le recordaron al gobernador Andrés Julián Rendón que el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares cuentan con datos actualizados sobre los hechos denunciados, dispuestos a “acciones operacionales pertinentes dentro de sus competencias constitucionales y legales”.

“La seguridad y la protección de la integridad de la Fuerza Pública, así como de la población civil, constituye una prioridad para el Gobierno Nacional. En ese sentido, se están evaluando continuamente los escenarios tácticos y estratégicos, con el fin de adoptar las medidas que mejor contribuyan a la restauración del orden y la convivencia ciudadana”, se lee en el documento enviado al gobernador Andrés Julián Rendón.

No obstante, la declaración del Gobierno Petro no cayó para nada bien en el gobernador antioqueño, al considerar que solo fue atendida como un trámite y no como una urgencia manifiesta ante la ola de violencia que se registra en el departamento.

“La respuesta del gobierno de Gustavo Petro, ante solicitud de Antioquia de asistencia militar por graves hechos de orden público y amenazas a nuestros Soldados y Policías, presencia de bandas criminales, incremento de Clan del Golfo y disidencias Farc, fue de trámite, vacía y evasiva”, escribió Rendón en su cuenta de X, antes conocido como Twitter.

El gobernador ha sido uno de los férreos críticos de la política de Paz Total, una de las estrategias impulsadas por el Gobierno nacional para frenar el accionar de los grupos armados ilegales en el país.

El lunes 5 de mayo de 2025, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, radicó su petición al Ejecutivo, al considerar la importancia de que el Gobierno nacional actúe con determinación frente a la ola de violencia que afecta a la región, advirtiendo que la inacción podría traducirse en un mayor riesgo para la vida de los miembros de la fuerza pública y para la estabilidad institucional.

En la misiva dirigida al presidente Gustavo Petro, el mandatario departamental citó el artículo 170 de la Ley 1801 de 2016, en el que establece que la asistencia militar puede ser autorizada en situaciones de alteraciones graves del orden público que pongan en riesgo la seguridad y la convivencia ciudadana.

“De conformidad con lo enunciado en el artículo 170 de la Ley 1801 de 2016 y en atención a la grave situación de orden público que viene presentándose en algunas de las subregiones del departamento de Antioquia (...) le solicito que (...) autorice la Asistencia Militar (sic)”, se lee en el documento.

Además, el gobernador especifica las cinco subregiones donde se solicita el despliegue de la Fuerza Militar (Suroeste, Occidente, Bajo Cauca, Nordeste y Urabá), y recordó que la asistencia militar “es un instrumento legal que se aplica cuando se presentan hechos graves de alteración de la seguridad y convivencia que así lo exijan”.

Durante su intervención, el mandatario departamental también lanzó un llamado de atención sobre lo que considera una falta de acción por parte del Gobierno nacional ante la actual coyuntura.

“Espero que, como consecuencia a lo que acontece en Antioquia, se esté a la altura y se disponga de las acciones que correspondan para que esto tome lugar y nos permita salvaguardar la vida de los uniformados y la seguridad de los antioqueños”, indicó.

Por último, Rendón afirmó que, de ignorarse su solicitud, “es seguir premiando a los criminales y acorralando a nuestros uniformados”, lo que, en su opinión, pondría en riesgo no solo la estabilidad institucional del departamento, sino también la integridad física de la fuerza pública.