Fiscalía reveló que Sandra Ortiz pagaría al menos 20 años de prisión en caso de ser hallada culpable en juicio por tráfico de influencias

El documento oficial fechado el 30 de mayo de 2025, al que accedió Blu Radio, dejó claro que Sandra Ortiz ya no podrá negociar un principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación. Esta determinación implica que la exconsejera presidencial para las regiones solo tiene dos alternativas: aceptar un preacuerdo con la Fiscalía, lo que supone admitir responsabilidad, o enfrentar un juicio en el que, de ser hallada culpable, la condena mínima sería de 20 años de prisión, además de una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos o contratar con el Estado.

En la misiva, el órgano de control fue contundente al advertir que no habrá más oportunidades para que Ortiz obtenga inmunidad a cambio de colaboración. El caso de la exfuncionaria está vinculado al escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd), en el que la Fiscalía sostiene que ella coordinó con Olmedo López, entonces director de la entidad, la entrega de $3.000 millones al expresidente del Senado Iván Name. El objetivo de esta entrega, según el expediente, era asegurar el respaldo de Name a las reformas impulsadas por el Gobierno Petro en el Congreso de la República.

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La operación se realizó entre el 12 y 13 de octubre de 2023. La ex alta funcionaria habría trasladado personalmente el dinero desde el Hotel Tequendama, ubicado en el centro de Bogotá, hasta la residencia del senador Name. La Fiscalía sostiene que esta acción se llevó a cabo por instrucción directa de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), que enfrenta cargos por cohecho, peculado y lavado de activos.

El 12 de junio de 2025, la Fiscalía presentará formalmente la acusación contra la ex alta funcionaria por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias. Durante las etapas previas del proceso, el órgano de control evaluó los aportes de Ortiz, concluyendo que no presentó pruebas sólidas ni confiables. Además, sus declaraciones no ofrecieron información útil ni verificable para la investigación. Entre los señalamientos descartados se encuentra la acusación contra el magistrado Vladimir Fernández, la cual fue desestimada por falta de sustento, según consignó el medio citado.

La Fiscalía reiteró que no habrá nuevos intentos de negociación y que la decisión sobre el camino a seguir recae ahora exclusivamente en ella. El caso está ligado a una serie de investigaciones por corrupción que involucran a altos funcionarios y exfuncionarios del Gobierno, y que han puesto bajo la lupa la gestión de recursos públicos y la influencia política en la aprobación de reformas legislativas.

Desde la Red de Veedurías Ciudadanas y Veedores Ciudadanas y Veedores sin Fronteras solicitaron que la exconsejera presidencial para las regiones sea citada ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por el presunto tráfico de influencias para ayudar a la elección del magistrado de la Corte Constitucional Vladimir Fernández y de la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo.

En la solicitud se señala: “Por cuanto los funcionarios del CTI tienen una relación de subordinación jerárquica y funcional con la denunciada Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, con lo que se podrían afectar garantías constitucionales a la imparcialidad, autonomía e independencia”.

Además, el texto plantea preocupaciones sobre la imparcialidad de las investigaciones realizadas hasta ahora, ya que estas han sido adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), que depende jerárquicamente de la Fiscalía liderada por Camargo.