Hija mayor de Sandra Ortiz quedó sin esquema de protección de la UNP en medio de investigación por corrupción en la Ungrd

La Unidad Nacional de Protección (UNP) ordenó la eliminación del esquema de seguridad asignado a la hija mayor de Sandra Ortiz, exconsejera presidencial de regiones y testigo clave en el caso de corrupción que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Esta decisión contenida en una resolución firmada el 9 de mayo de 2025 por el director de la UNP, Augusto Rodríguez, se fundamenta en la evaluación del Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem), que calificó el nivel de riesgo de la joven de 24 años como “ordinario”.

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Con esta medida, tanto ella como su hermana menor, de 13 años, quedaron sin protección, ya que la Fiscalía también negó la solicitud de seguridad para ambas.

El esquema de protección retirado consistía en un vehículo convencional, dos escoltas y un chaleco blindado. La resolución de la UNP se suma a la negativa de la Fiscalía, que el pasado 23 de mayo rechazó la solicitud de medidas de seguridad presentada por la defensa de Ortiz.

Esta decisión fue interpretada por la exconsejera y su equipo legal como una falta de garantías en el proceso judicial. Ortiz, quien se encuentra detenida, había sido citada a declarar el 26 de mayo ante la Corte Suprema en el caso que adelanta el magistrado Francisco Javier Farfán contra el expresidente del Senado, Iván Name.

El caso de corrupción en el que Ortiz figura como testigo clave involucra a figuras de alto perfil, como el exdirector de la Agencia Nacional de Inteligencia y del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González, el expresidente del Senado Iván Name, y el actual magistrado de la Corte Constitucional, Vladimir Fernández. En este contexto, la seguridad de las hijas de Ortiz había sido motivo de preocupación, especialmente tras la detención de su madre.

El abogado de Ortiz, Oswaldo Medina, había señalado previamente que el nivel de riesgo de su defendida y de sus hijas era extremo debido al proceso judicial.

Según Medina, el 15 de marzo, la Fiscalía ofreció un esquema de protección para la hija menor, que vive con su padre tras el divorcio de sus padres y la detención de Ortiz.

Sin embargo, estas medidas nunca se materializaron. El abogado describió la angustia de Ortiz por la seguridad de sus hijas, afirmando que la exconsejera estaba profundamente afectada emocionalmente por la situación.

La negativa de la Fiscalía se basó en una evaluación de riesgo que concluyó que no existía un peligro extremo para las hijas de Ortiz. Sin embargo, la defensa cuestionó esta conclusión, argumentando que la situación judicial de Ortiz y las implicaciones del caso aumentaban significativamente el riesgo para su familia.

Según informó Blu Radio, la falta de protección para las hijas de Ortiz ha generado preocupación, especialmente en un caso que involucra a figuras políticas y judiciales de alto nivel.

La resolución de la UNP y la decisión de la Fiscalía dejan a las hijas de Ortiz en una situación de vulnerabilidad, mientras el caso de corrupción sigue avanzando en los tribunales.

Ortiz, que optó por guardar silencio en sus declaraciones judiciales, enfrenta un proceso que puso en el centro de atención no solo su situación personal, sino también la seguridad de su familia.

La Red de Veedurías Ciudadanas y Veedores sin Fronteras solicitó que Sandra Ortiz Nocua, exconsejera presidencial para las regiones, comparezca ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por presuntos delitos relacionados con tráfico de influencias.

Esta petición se desarrolla en las elecciones de Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional y de Luz Adriana Camargo como fiscal general de la Nación, según informó Semana el 29 de mayo de 2025.

El documento que formaliza esta solicitud fue firmado por Pablo Bustos Sánchez, presidente de la Red de Veedurías, y dirigido a los representantes investigadores Carlos Alberto Cuenca, Olga Lucía Velásquez y Vladimir Ramiro Carrillo.

En el texto, Bustos destacó la necesidad de escuchar directamente a Ortiz, argumentando que su testimonio podría ser crucial para esclarecer los hechos denunciados.

Además, expresó preocupaciones sobre la imparcialidad de las investigaciones realizadas hasta ahora, debido a la relación jerárquica entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la fiscal general, Luz Adriana Camargo.

En el documento presentado por Bustos, se enfatiza que la solicitud se realiza en defensa del interés general, la moralidad pública y el patrimonio colectivo. Según sus palabras: “Actuando exclusivamente en mi condición de ciudadano veedor y actual presidente y fundador de la RED VER, incoamos la presente solicitud en defensa del interés general, de la moralidad pública y del patrimonio colectivo”.